Que nadie se quede limpio

La política mexicana ha entrado en una etapa donde la estrategia parece ser tan importante como la verdad. Después de que diversos medios internacionales y autoridades estadounidenses pusieran bajo los reflectores a gobernadores de Morena como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos o investigaciones relacionadas con el crimen organizado, el gobierno federal enfrentó un problema político de grandes dimensiones: la narrativa de que el fenómeno de la infiltración criminal tenía nombre, apellido y color partidista.

La respuesta, al menos desde la percepción de muchos observadores, no fue limpiar la imagen de los señalados ni exigir investigaciones transparentes para todos. La respuesta pareció ser otra: que nadie se quede limpio.

De pronto comenzaron a aparecer filtraciones, rumores, expedientes, versiones periodísticas y señalamientos dirigidos hacia gobernadores de oposición. El objetivo no necesariamente era demostrar culpabilidades. Bastaba con sembrar la duda. En una época donde la reputación puede destruirse con una sola publicación viral, la sospecha se convierte en un arma política tan poderosa como una sentencia judicial.

La lógica es sencilla. Si tres gobernadores cercanos al oficialismo aparecen vinculados en investigaciones o reportes delicados, la mejor defensa política consiste en convencer a la opinión pública de que todos están igual. Que no existen buenos ni malos. Que la corrupción es universal. Que el crimen organizado tiene tentáculos en todos los partidos. Que nadie puede lanzar la primera piedra.

Es una estrategia conocida: cuando el escándalo amenaza con concentrarse en un grupo, se dispersa hasta convertirlo en un problema generalizado. La indignación pierde fuerza cuando el ciudadano concluye que todos son iguales.

El problema es que esa lógica tiene un costo enorme para la vida pública. Si todos son sospechosos, entonces nadie es responsable. Si todos están manchados, entonces nadie debe rendir cuentas. Si toda denuncia puede responderse con una denuncia contra el adversario, la verdad deja de importar y la política se convierte en una guerra permanente de expedientes, filtraciones y campañas de desgaste.

México necesita exactamente lo contrario. Necesita investigaciones serias, transparentes y sustentadas en pruebas. Si un gobernador de Morena tiene vínculos con el crimen organizado, debe investigarse. Si un gobernador de oposición los tiene, también. Pero las responsabilidades deben ser individuales, no colectivas. La justicia no puede funcionar bajo la lógica del empate.

Porque cuando la estrategia consiste en embarrar a todos para salvar a algunos, el único que termina perdiendo es el ciudadano. La confianza pública se erosiona, las instituciones se debilitan y la verdad queda atrapada entre intereses políticos que buscan ganar la batalla de la percepción.

Tal vez la pregunta más importante no sea quién aparece en la siguiente filtración. Tal vez la pregunta sea quién está interesado en que el país crea que nadie está limpio.

Y cuando esa pregunta encuentra respuesta, suele quedar claro que la intención nunca fue combatir la corrupción. La intención era repartirla.