Hay una línea que cada vez se vuelve más borrosa en el espacio público: la que separa la legítima protesta social de la abierta descomposición del Estado de derecho. En distintos puntos del país, han comenzado a proliferar asociaciones y colectivos que, bajo la bandera de la defensa de derechos, organizan marchas y movilizaciones para exigir la liberación de personas detenidas en flagrancia. No se trata de casos dudosos ni de procesos viciados desde el origen; hablamos de ind