México en la encrucijada: la renuncia del fiscal y un campo en pie de guerra ante un gobierno al borde del crédito

Un país en tensión

El jueves 27 de noviembre de 2025, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República, un movimiento abrupto que desató inquietud en todos los sectores del país. La decisión ocurre en un momento de convulsión nacional: violencia generalizada, crisis en el campo, protestas sociales y un creciente reclamo por justicia, transparencia y seguridad efectiva.

Simultáneamente, el sector agropecuario —históricamente rezagado— comenzó a organizar movilizaciones masivas en todo el país. Campesinos, transportistas y productores denuncian políticas públicas erráticas, bajos precios de compra, competencia desleal y una falta absoluta de protección en zonas rurales dominadas por la inseguridad.

Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, la renuncia del fiscal ocurre en el peor momento posible, convirtiéndose en un símbolo de la fragilidad institucional que el país enfrenta.

La salida del fiscal: una grieta institucional que se abrió de golpe

Gertz Manero, nombrado en 2019 con la promesa de construir una Fiscalía autónoma, se marcha con una huella marcada por controversias. Durante su gestión enfrentó críticas por supuestos conflictos de interés, intervenciones políticas y una capacidad limitada para frenar el avance criminal en regiones clave del país.

Su renuncia fue aceptada por el Senado con una votación amplia, pero dividida. Aunque el gobierno asegura que el proceso de sucesión será transparente, la especulación pública apunta a que el nuevo fiscal será cercano al Ejecutivo, un movimiento que podría comprometer aún más la independencia de la institución.

Entre los nombres más mencionados destaca el de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, cuya posible designación despierta cuestionamientos sobre continuidad política más que sobre renovación institucional.

Mientras tanto, miles de víctimas de delitos graves siguen esperando justicia, y sectores académicos y jurídicos advierten que la Fiscalía —lejos de fortalecerse— se encuentra en una de sus etapas más vulnerables en más de una década.

Un campo olvidado que decidió levantarse

Mientras los cambios en la Fiscalía acaparan los titulares, otro conflicto avanza silenciosamente pero con fuerza creciente: la crisis en el campo mexicano.

Productores de maíz, frijol, trigo, sorgo y leche han salido a las carreteras para exigir precios justos, seguridad y políticas de apoyo más claras. Las protestas, inicialmente focalizadas, se expandieron a estados como Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Durango y Veracruz.

Para muchos, las condiciones actuales son insostenibles. Los productores señalan que los precios de garantía no cubren los costos de producción, que los apoyos gubernamentales desaparecieron o se redujeron y que la inseguridad afecta todas las etapas de la cadena productiva: desde la siembra hasta el transporte.

En zonas donde grupos criminales controlan rutas, cobros de piso o decisiones comerciales, los campesinos denuncian que el Estado está ausente. Y, al mismo tiempo, perciben que las prioridades del gobierno federal no están alineadas con la realidad rural.

Un clima social marcado por la desconfianza

Encuestas recientes muestran que la inseguridad y la violencia son las principales preocupaciones de los mexicanos, seguidas por la inflación, el desempleo y la corrupción. Más de la mitad de los consultados considera que los problemas internacionales —económicos, migratorios y geopolíticos— han afectado directamente la vida del país.

En ese contexto, la renuncia del fiscal alimenta el sentimiento de incertidumbre. Para muchos ciudadanos, los cambios abruptos en las instituciones clave del país son señales de inestabilidad más que de recomposición.

La desconfianza hacia la clase política continúa profundizándose: los ciudadanos no esperan discursos, sino resultados tangibles.

El gobierno en una línea delgada

Para la administración de Sheinbaum, este momento representa un dilema central: ¿optar por una reforma institucional profunda o proteger la estructura política existente?

Nombrar a un fiscal con verdadera autonomía podría significar un giro histórico, pero también supondría riesgos internos para el propio gobierno. Por el contrario, elegir un perfil compatible con el oficialismo podría garantizar control político, pero a costa de profundizar la percepción de debilidad institucional.

El conflicto en el campo eleva aún más la presión. Sin políticas claras, diálogo abierto y un rediseño de apoyos agrícolas, las protestas podrían intensificarse y convertirse en una crisis nacional.

Tres caminos para México

Reforma profunda:Nombrar a un fiscal genuinamente independiente y rediseñar la política agrícola, con inversión, seguridad rural y reconstrucción institucional.

Continuidad con ajustes mínimos:Un fiscal cercano al gobierno, promesas parciales al campo, control político, pero sin resolver los problemas estructurales.

Deterioro acelerado:Persistencia de la violencia, caída de la confianza ciudadana, protestas crecientes y una institucionalidad aún más fracturada.

Más allá del ruido político

La renuncia del fiscal y el estallido en el campo son síntomas de un país en tensión. Son recordatorios de que los problemas no son aislados, sino parte de un tejido institucional que pide ser reconstruido.

México enfrenta un momento decisivo: elegir entre fortalecer sus instituciones o continuar administrando crisis.Las consecuencias de esa decisión marcarán, no solo a este gobierno, sino al país entero durante la próxima década.