En una carta abierta dirigida al gobernador de Coahuila, al Congreso del Estado y al Poder Judicial, un grupo de abogados litigantes del Distrito Judicial de Saltillo lanzó un severo pronunciamiento contra la operación y eventual consolidación de la llamada Ciudad Judicial, al considerar que su diseño, ubicación y funcionamiento representan un retroceso en el acceso a la justicia para miles de ciudadanos.

Las cifras son apenas la superficie: decenas de afectados, millones de pesos perdidos y familias que no solo fueron despojadas de su dinero, sino también de la confianza en las instituciones. Porque aquí no estamos hablando de un fraude cualquiera. Estamos hablando de operaciones que, en papel, parecían perfectamente legales. Escrituras, sellos, firmas. Todo en regla… hasta que dejó de estarlo.