Abogados de Saltillo se rebelan contra la Ciudad Judicial: denuncian obstáculos, saturación y una posible “denegación de justicia”

En una carta abierta dirigida al gobernador de Coahuila, al Congreso del Estado y al Poder Judicial, un grupo de abogados litigantes del Distrito Judicial de Saltillo lanzó un severo pronunciamiento contra la operación y eventual consolidación de la llamada Ciudad Judicial, al considerar que su diseño, ubicación y funcionamiento representan un retroceso en el acceso a la justicia para miles de ciudadanos.

El documento, firmado por profesionales dedicados al libre ejercicio del derecho en materias civil, familiar y laboral, expone una serie de irregularidades y deficiencias que, aseguran, no solo afectan directamente su trabajo, sino que vulneran el derecho constitucional de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial.

La principal inconformidad gira en torno a una decisión que, afirman, fue tomada sin consulta previa ni análisis técnico suficiente: concentrar en un solo complejo todos los juzgados civiles, familiares, mercantiles, laborales, archivos judiciales, defensorías públicas y dependencias auxiliares del sistema judicial saltillense.

De acuerdo con los litigantes, el problema no es únicamente administrativo, sino estructural.

Aseguran que el edificio fue concebido sin considerar la capacidad real que requiere un complejo que diariamente debe recibir a miles de personas entre funcionarios, abogados, usuarios, testigos, peritos y ciudadanos que acuden a realizar trámites judiciales.

Uno de los puntos más críticos señalados es el estacionamiento.

Aunque oficialmente se habría proyectado una capacidad para 400 vehículos, los abogados sostienen que en la práctica apenas existen alrededor de 200 espacios funcionales, insuficientes incluso para el propio personal judicial.

Esto, advierten, deja completamente fuera a litigantes y ciudadanos, quienes se ven obligados a buscar alternativas inexistentes en una zona con severas limitaciones de acceso.

La ubicación del complejo también ha sido fuertemente cuestionada.

Situado junto al bulevar Fundadores, a un costado de la carretera federal 57 y a aproximadamente siete kilómetros del centro de Saltillo, el inmueble se encuentra en una zona de alta carga vehicular, sin vialidades secundarias suficientes y sin infraestructura de transporte público adecuada.

Para quienes no cuentan con automóvil, llegar al lugar representa un gasto adicional y, en muchos casos, una barrera material para comparecer ante los tribunales.

Pero la denuncia va más allá de los problemas logísticos.

Los abogados acusan que para ingresar al recinto se exige una autorización previa tramitada mediante un portal digital, un procedimiento que, aseguran, excluye a buena parte de la población que carece de acceso tecnológico o conocimientos suficientes para realizarlo.

A su juicio, este requisito constituye una forma indirecta de restricción al acceso a la justicia.

Incluso relatan casos de litigantes que habrían esperado hasta 40 minutos para ingresar o que, tras más de una hora de espera, se retiraron sin ser atendidos.

El pronunciamiento también cuestiona duramente el desempeño operativo del Poder Judicial en Coahuila.

Según los firmantes, la lentitud procesal se ha vuelto una constante.

Señalan que en muchos casos los expedientes tardan meses en ser radicados, emplazados o programados para audiencia, prolongando litigios durante años.

Para los abogados, esto contradice frontalmente el principio constitucional de justicia expedita.

Otro de los reclamos apunta al modelo de digitalización y oralidad impulsado por el Poder Judicial.

Los litigantes aseguran que el sistema carece de soporte técnico, infraestructura funcional y personal capacitado para operar procesos virtuales de manera eficiente.

Como ejemplo, recuerdan la instalación previa de salas de audiencia equipadas con tecnología especializada que, según afirman, jamás funcionaron plenamente y terminaron convertidas en inversión desperdiciada.

En la parte más delicada del documento, los abogados solicitan formalmente que el Ejecutivo y el Legislativo impulsen una auditoría externa, integral y exhaustiva sobre la gestión administrativa y financiera del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup.

La revisión, plantean, debería abarcar creación de plazas, manejo presupuestal, reglamentos, reformas legales, estructura administrativa y decisiones operativas adoptadas durante su gestión.

Finalmente, los litigantes expresan su rechazo frontal al traslado de juzgados civiles y familiares a la Ciudad Judicial y exigen que el actual Centro de Justicia continúe operando, con mejoras tecnológicas y materiales, en lugar de reubicar servicios en un modelo que consideran inviable.

El conflicto abre un nuevo frente en el debate sobre la modernización judicial en Coahuila.

Mientras las autoridades promueven la concentración de servicios como símbolo de eficiencia institucional, una parte importante del gremio jurídico advierte que la modernidad no puede construirse sacrificando accesibilidad, funcionalidad ni derechos fundamentales.

La pregunta que queda en el aire es si la Ciudad Judicial representa un verdadero avance para Coahuila o si terminará convirtiéndose en un monumento a la desconexión entre planeación institucional y realidad ciudadana.