TORREÓN: el negocio de construir sobre la sed de una ciudad


RED COMARCA | NOVIEMBRE DE 2026
Edificios departamentales que multiplican sus viviendas, fraccionamientos que avanzan hacia las periferias y terrenos que cambian de uso de suelo. Mientras tanto, miles de familias batallan para llenar sus tinacos. La pregunta que el Ayuntamiento de Torreón debe responder es sencilla: ¿con qué agua se está autorizando el crecimiento inmobiliario de la ciudad?
Torreón vive una contradicción que merece una investigación a fondo.
Por un lado, el desarrollo inmobiliario continúa avanzando. Se construyen nuevos fraccionamientos, aparecen proyectos de vivienda vertical y los terrenos adquieren mayor valor conforme se incorporan al crecimiento urbano.
Por otro, el abastecimiento de agua potable no está garantizado para una parte importante de la población. Hay colonias que reciben agua por tandeo, familias que dependen de pipas y sectores donde la presión desaparece durante horas o incluso días.
En medio de esta contradicción se encuentra una de las decisiones más importantes —y menos transparentes para la ciudadanía— de cualquier administración municipal: autorizar dónde, cómo y cuánto se puede construir.
No se trata de oponerse a la inversión, a la generación de empleos ni al crecimiento de Torreón. Se trata de establecer si el interés inmobiliario está avanzando por encima del derecho de los habitantes a disponer de servicios básicos.
Y, sobre todo, de investigar si detrás de determinadas autorizaciones existen intereses económicos, conflictos de interés o posibles actos de corrupción.
Una ciudad que reconoce oficialmente su problema de agua
Hay un documento que resulta particularmente revelador: el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 del propio Ayuntamiento de Torreón.
En su diagnóstico hídrico, elaborado con información de la Comisión Nacional del Agua correspondiente a 2024, el municipio reconoce que el acuífero Principal-Región Lagunera enfrenta una sobreexplotación severa.
Las cifras son contundentes:
El balance del acuífero Principal-Región Lagunera
534.1
Millones de m³ de recarga anual
645.546
Millones de m³ de extracción anual
−111.446 millones de m³
Déficit anual estimado del acuífero
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Torreón 2025-2027, con datos de CONAGUA 2024.
Ayuntamiento de Torreón
En otras palabras, se extrae mucha más agua de la que naturalmente se recupera.
El mismo documento señala que, de los volúmenes concesionados en la región metropolitana, el 83 por ciento corresponde al uso agrícola y solamente el 14 por ciento al abastecimiento público.
Es un escenario que obliga a planear con extrema responsabilidad cualquier expansión urbana.
Sin embargo, la ciudad continúa creciendo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifica autorizar nuevos desarrollos habitacionales cuando el propio gobierno municipal reconoce que la fuente de abastecimiento está sobreexplotada?
Al menos 170 fraccionamientos en construcción: el crecimiento no se detiene
Una publicación de El Siglo de Torreón, fechada el 2 de mayo de 2026, documentó una cifra que merece especial atención.
Hasta el último trimestre de 2025, aproximadamente 170 fraccionamientos se encontraban en proceso de construcción en Torreón. Otros 27 estaban en trámites relacionados con permisos, divisiones, subdivisiones y lotificación.
El dato más importante es geográfico: alrededor del 65 por ciento de esos desarrollos se ubicaban en el sector oriente de la ciudad.
La misma publicación informó que, a mediados de abril de 2026, se contabilizaban otros siete fraccionamientos en proceso de construcción.
El crecimiento inmobiliario se concentra precisamente en una de las zonas donde las dificultades de abastecimiento se han vuelto más evidentes.
El problema ya no es una hipótesis. Vecinos de diferentes sectores han protestado por la falta de agua, mientras los desarrollos habitacionales siguen incorporando nuevas viviendas a una infraestructura que enfrenta limitaciones.
El Siglo de Torreón
La pregunta que tendría que contestar la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo es si cada uno de esos proyectos cuenta con infraestructura suficiente y una fuente de abastecimiento técnicamente viable.
Y si la respuesta es afirmativa, debe demostrarlo con documentos.
El caso de La Rosa: casi 5 mil viviendas y un pozo como condición
Uno de los expedientes que merece una revisión especial es el del predio conocido como La Rosa, ubicado en el nororiente de Torreón.
El 31 de octubre de 2024, El Siglo de Torreón informó que el Cabildo había autorizado un cambio de uso de suelo para un terreno de 333 mil 532 metros cuadrados, con el propósito de desarrollar un proyecto habitacional que contemplaba cerca de 5 mil viviendas.
La autorización contempló una condición particularmente importante: el desarrollador tendría que hacerse cargo de las adecuaciones viales y de dotar un pozo para garantizar el abastecimiento de agua a los futuros habitantes.
El regidor Javier Gómez Ledezma solicitó que estas obligaciones quedaran asentadas en la aprobación.
Aquí aparece una cuestión que no puede quedar en el aire:
¿Se cumplió la condición de construir y poner en operación el pozo? ¿Cuenta con autorización de CONAGUA? ¿Qué volumen tiene concesionado? ¿De dónde se obtendrá el agua y quién garantizará su disponibilidad durante los próximos años?
Porque una cosa es condicionar un proyecto en una sesión de Cabildo y otra muy distinta es comprobar que las condiciones se cumplieron antes de permitir que se incorporen miles de habitantes.
La autorización de cambio de uso de suelo no debe confundirse con la acreditación de que todas las viviendas ya cuentan con garantía efectiva de suministro. Es precisamente ahí donde debe revisarse el expediente completo.
El Siglo de Torreón+1
El reglamento establece requisitos. ¿Quién verifica que se cumplan?
Aquí es donde la investigación adquiere una dimensión administrativa y legal.
El Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción de Torreón, cuya última reforma citada fue aprobada por Cabildo el 7 de mayo de 2025, establece requisitos específicos para autorizar nuevos fraccionamientos.
El artículo 137 contempla, entre otros documentos:
Licencia de uso de suelo.
Factibilidad vigente de dotación de servicios expedida por SIMAS.
Planos de la red de agua potable y alcantarillado sanitario autorizados por SIMAS.
Estudios técnicos y dictámenes correspondientes.
Documentación que acredite la propiedad del terreno.
Además, el artículo 136 establece que no podrán autorizarse fraccionamientos que incumplan los lineamientos técnicos de manejo de aguas pluviales.
Es decir, la legislación municipal reconoce que el desarrollo habitacional debe estar condicionado a la infraestructura y a los servicios necesarios.
El Ayuntamiento no puede justificar una autorización únicamente porque un terreno tenga potencial comercial o porque exista un inversionista dispuesto a construir.
La pregunta es otra: ¿quién comprueba que la factibilidad de agua corresponde a la demanda real del proyecto y no solamente a un documento incorporado al expediente?
Ayuntamiento de Torreón+1
Y esto también alcanza a los edificios departamentales.
En junio de 2025, El Siglo de Torreón documentó que regidores buscaban reforzar los requisitos para los edificios verticales, particularmente en materia de protección civil.
En esa información se recordó que entre las factibilidades necesarias para este tipo de construcciones se encuentra la de SIMAS, relativa al suministro de agua y saneamiento.
En agosto de 2023, el entonces director de Urbanismo, Francisco Torres, había asegurado que no se otorgaba una licencia para edificios verticales sin contar previamente con la factibilidad de agua de SIMAS.
Por tanto, la documentación debería existir y ser verificable para cada proyecto autorizado.
No basta con decir que se cumplió la norma. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué proyectos recibieron factibilidad, bajo qué condiciones, para cuántas viviendas y con qué capacidad real de suministro.
El Siglo de Torreón+1
El antecedente incómodo: denuncias por un posible cártel inmobiliario en Torreón
Hablar de corrupción en el desarrollo urbano de Torreón tampoco significa partir de una sospecha abstracta.
Durante 2026 se hicieron públicas denuncias de ciudadanos afectados por un presunto esquema de fraude inmobiliario que involucra operaciones de compraventa de terrenos y señalamientos sobre posibles conexiones con funcionarios de distintas dependencias.
El caso ha sido denominado por los propios afectados como el del cártel inmobiliario.
El 14 de agosto de 2026, Meganoticias publicó testimonios de víctimas que denunciaron haber pagado por terrenos que nunca recibieron.
La información reportó más de cien personas afectadas, más de 13 millones de pesos en perjuicios y solamente dos personas detenidas al momento de la publicación.
Los denunciantes señalaron posibles conexiones con áreas como:
Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Catastro.
Registro Público de la Propiedad.
Otras instancias relacionadas con la regularización y documentación de terrenos.
Estas acusaciones no equivalen a una sentencia ni demuestran que todos los funcionarios señalados hayan cometido delitos. Sin embargo, constituyen denuncias públicas que requieren investigación.
Meganoticias
El 4 de septiembre de 2026, El Siglo de Torreón informó que los afectados acudieron nuevamente a la Presidencia Municipal para cuestionar el nombramiento de Evelyn Hernández Tovar en la Unidad Catastral y dar seguimiento a las denuncias presentadas contra Gustavo Muñoz López y Gabriela Ávila, exfuncionarios de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Los afectados sostuvieron que ambos habrían tenido participación en la facilitación de trámites relacionados con el fraude inmobiliario.
Es importante subrayar que se trata de señalamientos de los denunciantes, no de responsabilidades judicialmente acreditadas.
El Siglo de Torreón
Pero hay un dato todavía más preocupante.
El 14 de septiembre de 2026, Meganoticias informó que el Ayuntamiento no había iniciado una investigación administrativa interna para determinar si personal municipal estuvo involucrado en el caso.
El primer regidor, Luis Jorge Cuerda, declaró que no existía una solicitud formal para iniciar una auditoría o investigación administrativa.
De acuerdo con la misma publicación, los afectados ya habían presentado una queja ante la Contraloría Municipal contra los exfuncionarios mencionados.
La diferencia es importante: que no exista una investigación interna no significa que no haya denuncias ante otras instancias. Pero sí abre un cuestionamiento sobre la voluntad institucional de esclarecer posibles responsabilidades dentro de la propia administración.
Meganoticias
Y aquí surge una pregunta que conecta directamente con el problema del desarrollo urbano: si existen denuncias sobre posibles irregularidades en la gestión de terrenos, ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que los permisos de construcción, los cambios de uso de suelo y las factibilidades de servicios se están otorgando con absoluta transparencia?
El costo de autorizar y después resolver
Uno de los problemas históricos de Torreón es que muchos desarrollos habitacionales terminan convertidos en pendientes para las siguientes administraciones.
En abril de 2025, El Siglo de Torreón reportó que existían alrededor de 175 fraccionamientos rezagados en su entrega formal al municipio.
Algunos llevaban más de 20 años en esa condición.
El problema no es solamente administrativo. Los habitantes de esos sectores enfrentan dificultades relacionadas con servicios públicos, áreas de cesión municipal y certeza jurídica.
El entonces director de Urbanismo, Gustavo Muñoz López, reconoció que en algunos casos las constructoras habían desaparecido y que ya no era posible localizar a los responsables originales.
Esto plantea una cuestión fundamental: ¿por qué se permite que un desarrollo inmobiliario genere obligaciones de infraestructura y servicios que después terminan siendo un problema para el municipio y sus habitantes?
La simplificación administrativa puede ser positiva, pero no debe convertirse en una puerta para reducir controles.
El Siglo de Torreón
En febrero de 2025, además, el propio director de Urbanismo informó sobre seis casos de áreas verdes de fraccionamientos que habrían sido embargadas y posteriormente vendidas por particulares, pese a que estaban destinadas a espacios públicos.
El funcionario señaló que se habían negado permisos de construcción sobre esos terrenos y que se tomarían medidas legales.
Es otro ejemplo de cómo la falta de vigilancia, la fragmentación de responsabilidades y los expedientes inmobiliarios deficientes pueden terminar afectando el patrimonio colectivo.
Mientras se autorizan viviendas, las familias siguen esperando agua
El contraste entre el crecimiento inmobiliario y la realidad de los habitantes quedó documentado también por El Universal el 4 de junio de 2026.
El periódico recogió testimonios de habitantes de colonias como Mijares, Fidel Velázquez, Zaragoza Sur y Luis Donaldo Colosio, donde el suministro se realiza mediante tandeos.
Una de las habitantes entrevistadas relató que pasó casi un mes sin agua y que, cuando se restableció el servicio, solamente recibía suministro durante una hora o una hora y media al día.
La información también reveló que SIMAS Torreón recibió 2 mil 932 reportes por fallas de abastecimiento durante el primer trimestre de 2026, equivalentes a un promedio de 32.5 reportes diarios.
Hay otro dato que merece atención: de acuerdo con el análisis de los registros de pozos de SIMAS citado por el periódico, la cantidad de pozos operativos se mantuvo en 83 entre 2023 y 2025, pero algunos dejaron de funcionar y tuvieron que ser sustituidos por nuevas fuentes.
Es decir, parte de la inversión destinada a incorporar nuevos pozos se ha utilizado para compensar la pérdida de fuentes existentes.
La ciudad no solamente enfrenta el problema de conseguir más agua: también tiene dificultades para conservar y administrar adecuadamente la infraestructura que ya posee.
El Universal
Y mientras tanto, el crecimiento habitacional continúa.
SIMAS también está bajo la lupa
La responsabilidad no termina en Urbanismo.
SIMAS es una pieza fundamental en cualquier autorización inmobiliaria porque de su dictamen depende acreditar la factibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
Pero el propio organismo enfrenta cuestionamientos sobre su situación financiera y operativa.
El Siglo de Torreón informó el 24 de julio de 2026 que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila preparaba una auditoría especial al organismo, solicitada por el Ayuntamiento, para esclarecer pasivos superiores a los 2 mil millones de pesos, posibles irregularidades en la nómina sindical y problemas operativos.
También se contemplaba la posibilidad de intervención de la Fiscalía General del Estado si se encontraban responsabilidades penales.
Esta revisión hace todavía más importante conocer bajo qué criterios se expiden las factibilidades de agua para nuevos desarrollos inmobiliarios.
No se puede analizar el crecimiento de la ciudad sin examinar la situación del organismo que debe garantizar uno de sus servicios más importantes.
El Siglo de Torreón
Las preguntas que el Ayuntamiento no puede seguir evadiendo
La investigación sobre los permisos inmobiliarios de Torreón no puede quedarse en una discusión sobre si la ciudad debe crecer vertical u horizontalmente.
Debe llegar a los expedientes, a los funcionarios que autorizan, a los empresarios beneficiados y a las condiciones bajo las cuales se otorgan las licencias.
Hay preguntas concretas que merecen respuestas documentales:
¿Cuántos edificios departamentales tienen licencia de construcción vigente y cuántos departamentos contempla cada uno?
¿Cuántos fraccionamientos fueron autorizados entre 2024 y 2026?
¿Cuáles de esos desarrollos cuentan con factibilidad de agua emitida por SIMAS?
¿Qué volumen de agua se comprometió para abastecer cada proyecto?
¿Qué estudios técnicos respaldan las factibilidades otorgadas?
¿Cuántas autorizaciones estuvieron condicionadas a la construcción de pozos, tanques, líneas de conducción o infraestructura hidráulica?
¿Se han verificado físicamente las obras comprometidas por los desarrolladores?
¿Qué funcionarios participaron en los cambios de uso de suelo y en las autorizaciones de mayor impacto económico?
¿Existen relaciones comerciales, familiares o societarias entre funcionarios y desarrolladores inmobiliarios que pudieran representar conflictos de interés?
¿Cuántas licencias fueron revocadas, suspendidas o condicionadas por incumplimientos relacionados con los servicios básicos?
También es indispensable publicar los nombres de las empresas desarrolladoras, los propietarios de los terrenos, las fechas de autorización y las actas de Cabildo correspondientes.
No se trata de criminalizar a todos los constructores ni de asumir que cada permiso es resultado de un acto ilegal. Se trata de establecer si existe una red de intereses que pueda estar colocando el negocio inmobiliario por encima de la planeación urbana y del derecho al agua.
El negocio de construir y la obligación de garantizar servicios
En Torreón, el suelo urbano representa un negocio de enormes dimensiones.
Un terreno agrícola puede multiplicar su valor cuando obtiene un cambio de uso de suelo. Un predio que permite construir viviendas verticales puede convertirse en un proyecto de millones de pesos. Una autorización de densidad habitacional puede transformar por completo el valor comercial de una propiedad.
Por eso, cada decisión de Urbanismo y cada dictamen de SIMAS deben estar sujetos a escrutinio público.
El Ayuntamiento tiene la obligación de explicar quién se beneficia de esas decisiones y quién asume sus consecuencias.
Porque cuando un desarrollador obtiene las ganancias de vender cientos de viviendas, pero posteriormente los habitantes descubren que no tienen agua suficiente, el costo social termina recayendo sobre las familias y sobre el organismo público.
Y eso no es desarrollo sustentable.
Tampoco puede considerarse progreso construir más viviendas si la infraestructura no alcanza para abastecerlas.
La autoridad municipal tiene que entender que el agua no es un requisito burocrático que se resuelve incorporando una hoja al expediente de construcción. Es un recurso limitado, cuya disponibilidad debe acreditarse con estudios técnicos, fuentes autorizadas y capacidad real de distribución.
La pregunta final: ¿quién está haciendo negocio con el futuro de Torreón?
Torreón necesita inversión, vivienda, empleos y desarrollo. Pero también necesita agua, transparencia y autoridades que hagan cumplir la ley.
El problema no es que existan empresarios interesados en construir edificios o fraccionamientos. El problema comienza cuando el crecimiento inmobiliario parece tener prioridad sobre la planeación de los servicios, cuando los permisos no se explican, cuando los expedientes no son públicos y cuando las denuncias sobre posibles irregularidades dentro de las áreas responsables del desarrollo urbano no reciben una respuesta institucional contundente.
Si el propio Ayuntamiento reconoce que el acuífero está sobreexplotado, si existen colonias que padecen desabasto, si hay cientos de trámites inmobiliarios y fraccionamientos en proceso, y si además existen denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en el manejo de terrenos, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones.
No basta con inaugurar edificios, anunciar inversiones o presumir nuevos desarrollos.
Hay que explicar de dónde saldrá el agua.
Hay que transparentar los permisos.
Hay que investigar los posibles conflictos de interés.
Hay que identificar a los responsables de autorizar proyectos que no cumplan con las condiciones necesarias.
Y hay que determinar si algún funcionario ha utilizado su posición para favorecer intereses particulares.
Porque el agua que falta en las casas no puede convertirse en el recurso que se promete sobre el papel para vender departamentos y fraccionamientos.
Y ante este escenario, la pregunta que debe responder el gobierno municipal es:
¿Quién está autorizando el crecimiento inmobiliario de Torreón, quién se está beneficiando económicamente de esas decisiones y quién está protegiendo los intereses de los ciudadanos que cada vez tienen menos agua mientras otros hacen negocio con el suelo de la ciudad?
FUENTES DOCUMENTALES Y PERIODÍSTICAS PARA CONSULTA
Plan Municipal de Desarrollo de Torreón 2025-2027. Diagnóstico hídrico y compromisos municipales.
Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción de Torreón. Requisitos de autorizaciones y fraccionamientos.
El Siglo de Torreón: Crecen fraccionamientos en el oriente sin garantía de agua. 2 de mayo de 2026.
El Universal: Agobia falta de agua a familias. 4 de junio de 2026.
El Siglo de Torreón: Condicionan aprobación de nuevo fraccionamiento con dotación de servicios. 31 de octubre de 2024.
Meganoticias: Víctimas de fraude inmobiliario señalan presunta complicidad de autoridades. 14 de agosto de 2026.
Meganoticias: Sin investigación interna en presidencia por fraude inmobiliario. 14 de septiembre de 2026.
El Siglo de Torreón: Afectados por cártel inmobiliario cuestionan nombramiento en Catastro. 4 de septiembre de 2026.
El Siglo de Torreón: Auditoría especial al SIMAS. 24 de julio de 2026.
Nota editorial: Las denuncias de corrupción y complicidad se presentan como señalamientos de ciudadanos y afectados, no como hechos judicialmente acreditados. La documentación consultada demuestra problemas de abastecimiento, requisitos normativos, crecimiento inmobiliario y denuncias sobre operaciones inmobiliarias, pero no acredita por sí misma pagos ilegales para obtener permisos de construcción. Para publicar una acusación directa de sobornos o tráfico de influencias sería necesario obtener pruebas específicas.




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