Morir con fuero

La política mexicana como refugio: cambiar de cargo para seguir lejos de los tribunales

En México, una investigación puede sobrevivir a un sexenio, a un cambio de partido y hasta a una elección. Lo que también puede sobrevivir es el político investigado: basta, en determinadas circunstancias, con conservar o conseguir una posición pública protegida por inmunidad procesal. El resultado es una paradoja democrática: mientras la justicia intenta avanzar, el poder encuentra nuevas formas de permanecer.

Por Red Comarca | 12 de noviembre de 2026

En México existe una carrera política que parece no tener meta: la de quienes nunca se retiran del poder. Cambian de secretaría a gubernatura, de gubernatura a senaduría, de alcaldía a diputación; dejan una oficina y aparecen en otra. Se despiden de un cargo con una mano y reciben una nueva investidura con la otra.

No todos lo hacen para evadir a la justicia. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero el sistema político mexicano sí ofrece una ventaja que puede resultar decisiva para funcionarios sujetos a investigaciones penales: determinados cargos cuentan con inmunidad procesal y, para proceder penalmente contra sus titulares mientras están en funciones, se requiere un procedimiento previo de declaración de procedencia.

En el lenguaje popular se le llama fuero. En la práctica, puede convertirse en una barrera que demora el momento de rendir cuentas.

La pregunta no es si un político tiene derecho a defenderse. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es por qué, en un país donde millones de ciudadanos enfrentan procesos judiciales sin privilegios institucionales, algunos personajes parecen encontrar siempre una nueva posición desde la cual resistir el avance de una investigación.

Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando la carrera política deja de ser un servicio público y se convierte en una estrategia de supervivencia?

El fuero nació para proteger instituciones, no para salvar políticos

El fuero constitucional tiene una justificación democrática: impedir que un gobierno utilice las fiscalías o los tribunales para intimidar, detener o silenciar a legisladores y otros funcionarios por razones políticas.

La inmunidad no fue concebida para hacer intocables a quienes ocupan el poder. Su propósito es proteger el funcionamiento de las instituciones y la independencia de sus integrantes.

El artículo 111 de la Constitución establece que para proceder penalmente contra determinados servidores públicos, entre ellos diputados, senadores y gobernadores, se requiere una declaración de procedencia de la Cámara de Diputados. Este mecanismo se conoce como desafuero.

SIL+1

Pero hay una diferencia fundamental que suele perderse en el discurso político: el fuero no borra delitos, no elimina investigaciones, no convierte en inocente a una persona y tampoco significa que sus actos sean legales. Es una protección procesal vinculada al ejercicio de ciertos cargos.

El problema aparece cuando esa protección deja de entenderse como garantía institucional y comienza a percibirse como un escudo personal.

Porque en México, una investigación puede avanzar durante años, pero el funcionario investigado puede seguir acumulando posiciones, alianzas y protección política.

La escalera del poder: de gobernador a senador

Una de las rutas más conocidas de la política mexicana es la que lleva de una gubernatura al Congreso de la Unión.

Un gobernador termina su mandato y, en lugar de retirarse de la vida pública, puede buscar una senaduría o una diputación. La operación es legal y forma parte de la competencia electoral. Sin embargo, cuando existen denuncias o investigaciones relacionadas con su gestión anterior, el cambio de cargo adquiere otra dimensión: el nuevo puesto puede colocar al exmandatario dentro de un régimen de inmunidad procesal.

No significa que automáticamente haya evadido la justicia. Significa que, si se cumplen los supuestos constitucionales, la autoridad debe enfrentar el procedimiento correspondiente antes de procesarlo penalmente mientras conserve esa investidura.

El caso de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, ilustra el conflicto. El dirigente nacional del PRI y senador enfrenta señalamientos relacionados con su gestión como gobernador de Campeche. La Fiscalía anticorrupción estatal ha impulsado solicitudes para retirar su inmunidad y permitir que avance la investigación por presuntos delitos vinculados con el manejo de recursos públicos.

En agosto de 2026, El País informó que la Fiscalía había entregado nueva información a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para reforzar la solicitud de desafuero, relacionada con un presunto desvío de 83.5 millones de pesos, entre otros señalamientos.

Moreno ha rechazado las acusaciones. Y, hasta la información publicada entonces, no existía una resolución definitiva de desafuero.

EL PAÍS México+1

El caso deja una pregunta institucional: ¿qué tan eficaz puede ser una investigación contra un personaje que, además de ser señalado, forma parte de la estructura política que participa en las decisiones legislativas sobre su inmunidad?

No es una condena anticipada. Es un problema de diseño y de confianza pública.

Rocha Moya e Inzunza: la inmunidad en el centro de la tormenta

Otro episodio que retrata la complejidad del fuero es el de Sinaloa.

El exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez fueron señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Ambos han rechazado los señalamientos y, según la información periodística disponible, las investigaciones de las autoridades mexicanas seguían abiertas, sin que ello equivaliera a una declaración judicial de culpabilidad.

El caso de Inzunza puso sobre la mesa una discusión especialmente delicada: su permanencia en el Senado, el ejercicio de sus funciones y la inmunidad que acompaña al cargo. En agosto, El País informó que el senador anunció su intención de reincorporarse después de más de cien días de ausencia, mientras su situación política generaba tensiones dentro de su propio movimiento.

El País+1

Aquí aparece una de las contradicciones más visibles del sistema: un funcionario puede estar bajo cuestionamiento público, enfrentar señalamientos de enorme gravedad y, al mismo tiempo, conservar una posición institucional que le otorga protección procesal.

La inmunidad no demuestra culpabilidad. Pero tampoco debería convertirse en una respuesta política frente a preguntas que exigen investigación.

Cuando el fuero se convierte en una moneda de negociación

El problema no se limita a los cargos federales. En algunas entidades, las constituciones locales contemplan inmunidad procesal para presidentes municipales y otros funcionarios.

Eso provoca diferencias importantes entre estados. En unos lugares, las autoridades municipales pueden ser investigadas y procesadas sin un procedimiento legislativo equivalente al desafuero federal; en otros, la protección constitucional puede complicar o retrasar la actuación de las fiscalías.

En 2026, Veracruz volvió a exhibir esta discusión. El Congreso estatal retiró la inmunidad procesal a los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, para que las autoridades pudieran proceder en investigaciones por presuntos delitos graves. Las acusaciones fueron rechazadas por las defensas y el retiro del fuero no significó una declaración de culpabilidad.

EL PAÍS México+1

En otro caso, la Suprema Corte resolvió en marzo de 2026 que el exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, quedara sin fuero y sin posibilidad de regresar al cargo, luego de desechar por extemporánea una controversia constitucional. El procedimiento estaba relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de patrullas por más de 171 millones de pesos.

La Jornada

Estos episodios muestran que el fuero puede convertirse en un asunto de disputa entre fiscalías, congresos, partidos y tribunales. Y también que su retiro no es automático: requiere procedimientos, plazos, decisiones y, en ocasiones, litigios prolongados.

El truco no siempre es escapar: a veces basta con ganar tiempo

La impunidad no siempre se presenta como una absolución. Puede aparecer como una investigación que no avanza, una solicitud de desafuero que permanece archivada, un expediente que cambia de autoridad o una discusión legislativa que se prolonga hasta que el calendario político vuelve a cambiar.

En ese escenario, el tiempo es un aliado poderoso.

Un funcionario puede terminar su administración, buscar otro cargo, conseguir una candidatura, negociar respaldos y regresar a la escena pública mientras las investigaciones siguen su curso. No necesariamente porque haya demostrado su inocencia, sino porque el sistema todavía no ha conseguido establecer responsabilidades.

Y cuando la justicia tarda, la memoria pública se desgasta. Cambian las noticias, cambian los gobiernos, cambian las prioridades y, en ocasiones, el expediente termina sepultado bajo una montaña de nuevos escándalos.

El ciudadano, entretanto, se queda con la sensación de que para un político la justicia tiene puertas laterales.

¿Cambiar de cargo garantiza el fuero?

No necesariamente. Y aquí está una precisión jurídica indispensable.

Obtener una nueva posición pública no borra las responsabilidades por hechos cometidos anteriormente. Tampoco todas las posiciones políticas tienen inmunidad procesal. El alcance de la protección depende del cargo, de la legislación aplicable, del momento en que presuntamente se cometieron los hechos y de las circunstancias de cada expediente.

El artículo 112 constitucional contempla supuestos en los que no se requiere declaración de procedencia cuando el servidor público está separado de su encargo al momento de cometer el delito. La interpretación de los efectos de una licencia y de la conservación formal del cargo ha sido objeto de debate jurídico.

Sidof+1

Por eso, no basta con afirmar que alguien cambió de puesto para concluir que consiguió impunidad. Lo que debe investigarse es si ese movimiento tuvo como consecuencia una protección procesal, si existió una maniobra para retrasar una investigación y si las autoridades actuaron conforme a la ley.

La diferencia entre una estrategia política legítima y una maniobra para obstaculizar la justicia debe establecerse con documentos, expedientes y resoluciones, no solamente con sospechas.

El verdadero privilegio: que la justicia dependa de la política

Hay algo profundamente preocupante en el hecho de que el avance de determinadas investigaciones dependa de decisiones tomadas por órganos políticos.

Cuando una fiscalía solicita retirar la inmunidad de un legislador, la solicitud llega a una instancia legislativa. Cuando el funcionario pertenece a un partido con fuerza parlamentaria, la decisión puede quedar atrapada en negociaciones, intereses y cálculos de poder.

El riesgo es evidente: que la justicia deje de ser una cuestión exclusivamente jurídica y termine dependiendo de la conveniencia de las mayorías.

No significa que todos los congresos protejan a todos los funcionarios investigados. Tampoco que cada solicitud de desafuero deba aprobarse automáticamente. Significa que el sistema necesita garantías para que las decisiones se tomen con criterios jurídicos, plazos razonables y transparencia.

Porque si la protección constitucional termina dependiendo de quién es amigo de quién, de qué partido gobierna o de cuántos votos puede negociar un personaje, la ciudadanía tiene razones para desconfiar.

Una reforma pendiente: que el cargo no sea un escondite

México necesita discutir seriamente el funcionamiento del fuero.

No se trata de eliminar las garantías que protegen a legisladores y funcionarios frente a persecuciones políticas. Se trata de impedir que esas garantías se conviertan en mecanismos de protección personal.

Una reforma responsable debería considerar:

• Plazos definidos para resolver las solicitudes de declaración de procedencia.

• Resoluciones públicas y fundamentadas, para que los legisladores expliquen por qué conceden o niegan un desafuero.

• Criterios jurídicos verificables, evitando que la decisión se convierta en un intercambio de favores partidistas.

• Investigaciones que no se detengan mientras se resuelve la inmunidad, siempre dentro de los límites legales.

• Transparencia sobre los cambios de cargo, licencias, candidaturas y reincorporaciones de funcionarios sujetos a investigaciones.

• Responsabilidad institucional, para que las fiscalías expliquen qué hicieron, qué dejaron de hacer y por qué determinados expedientes permanecen sin resolución.

La rendición de cuentas no puede depender de que un funcionario pierda una elección, se enemiste con su partido o deje de ser políticamente útil.

Morir con fuero: la última aspiración de una carrera política

En México, la política parece ofrecer una peculiar forma de permanencia: quien termina una responsabilidad puede buscar otra; quien deja una gubernatura puede llegar al Senado; quien abandona una alcaldía puede encontrar acomodo en una estructura partidista; quien enfrenta cuestionamientos puede seguir compitiendo por espacios de poder.

Y así, mientras los ciudadanos esperan que las denuncias se investiguen y que los recursos públicos se recuperen, algunos políticos continúan recorriendo los pasillos del poder.

El problema no es que un funcionario aspire a otro cargo. El problema es que el sistema permita que la investidura se convierta en una ventaja para retrasar la rendición de cuentas.

Porque el fuero debe proteger la democracia, no proteger a quienes gobiernan. Debe impedir la persecución política, no impedir la investigación de posibles delitos. Y debe ser una garantía institucional, jamás un seguro de vida política.

Un país no puede acostumbrarse a que sus gobernantes cambien de puesto mientras las investigaciones cambian de escritorio. Tampoco puede aceptar que una elección funcione como borrón y cuenta nueva.

En una democracia, ningún cargo debería ser refugio frente a la justicia. Ninguna candidatura debería funcionar como salvoconducto. Ninguna curul debería convertirse en escondite.

Y cuando un político pasa de una posición a otra, mientras los expedientes que lo señalan siguen esperando, la pregunta deja de ser cuántos cargos más puede conseguir.

La pregunta es otra:

¿En México los políticos buscan servir hasta el último día… o conseguir un fuero que les permita morir en el poder sin responder por sus actos?

Nota editorial: Este reportaje aborda el uso y los límites de la inmunidad procesal en México. Los casos mencionados corresponden a investigaciones, acusaciones o procedimientos documentados; ninguno debe interpretarse como prueba automática de culpabilidad. La responsabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales.

Fuentes de consulta: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 111 y 112; Sistema de Información Legislativa; Suprema Corte de Justicia de la Nación; El País; La Jornada; AFP Factual.