En México, una investigación puede sobrevivir a un sexenio, a un cambio de partido y hasta a una elección. Lo que también puede sobrevivir es el político investigado: basta, en determinadas circunstancias, con conservar o conseguir una posición pública protegida por inmunidad procesal. El resultado es una paradoja democrática: mientras la justicia intenta avanzar, el poder encuentra nuevas formas de permanecer.