La República de los Intocables

Cómo el caso de Andy López Beltrán, la cancelación de su visa estadounidense y la exhibición pública de periodistas reabrieron el debate sobre la impunidad, la intolerancia a la crítica y las contradicciones del nuevo poder en México

Por décadas, México vivió bajo una lógica política que parecía inamovible: el poder protegía a los suyos.

Presidentes defendían gobernadores acusados de corrupción. Gobernadores encubrían alcaldes. Partidos cerraban filas alrededor de sus figuras más cercanas. Las investigaciones avanzaban con rapidez cuando se trataba de adversarios políticos, pero se congelaban cuando los señalados pertenecían al grupo gobernante.

En 2018, millones de mexicanos votaron por un proyecto que prometía romper con esa tradición.

La llamada Cuarta Transformación llegó al poder con un discurso de regeneración moral. Andrés Manuel López Obrador convirtió la lucha contra la corrupción en el eje central de su movimiento. Los privilegios, el amiguismo, el tráfico de influencias y la impunidad serían desterrados, aseguró una y otra vez.

Ocho años después, una pregunta comienza a resonar en los círculos políticos, periodísticos y empresariales del país:

¿Realmente desaparecieron los privilegios o simplemente cambiaron de dueño?

La controversia que rodea a Andrés Manuel López Beltrán, conocido popularmente como Andy, y la reciente difusión de listas de periodistas y comunicadores críticos por parte de Morena han colocado nuevamente esa pregunta en el centro de la discusión nacional.

Porque más allá de los nombres involucrados, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la relación entre el poder y la rendición de cuentas.

El hijo del expresidente

Durante años, Andy López Beltrán permaneció relativamente alejado de los reflectores públicos.

A diferencia de otros hijos de presidentes latinoamericanos que buscan construir carreras políticas propias, Andy operó principalmente desde las estructuras internas del movimiento obradorista.

Pero con el paso del tiempo su influencia comenzó a hacerse evidente.

Dentro de Morena era considerado por muchos como uno de los operadores políticos más importantes del grupo gobernante. Su cercanía con las decisiones estratégicas del partido era conocida incluso entre adversarios políticos.

Sin embargo, en los últimos meses su nombre dejó de aparecer únicamente en columnas políticas y comenzó a vincularse con señalamientos mucho más delicados.

Diversos actores de oposición, analistas y periodistas comenzaron a exigir explicaciones sobre presuntos vínculos indirectos entre personajes cercanos al poder y esquemas relacionados con el llamado huachicol fiscal, una modalidad de fraude que durante años ha costado miles de millones de pesos al Estado mexicano.

No existen acusaciones penales públicas ni sentencias judiciales contra López Beltrán.

Ese hecho es importante.

En una democracia, nadie debe ser condenado mediáticamente sin pruebas ni procesos legales.

Pero existe una diferencia fundamental entre ser declarado culpable y estar sujeto al escrutinio público.

Y cuando una figura política se encuentra tan cerca del centro del poder, las preguntas son inevitables.

La visa que encendió las alarmas

La controversia alcanzó una nueva dimensión cuando se confirmó que el gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Andy López Beltrán.

La noticia provocó una tormenta política inmediata.

Washington no ofreció detalles específicos sobre las razones de la medida.

Tampoco está obligado a hacerlo.

Las leyes migratorias estadounidenses otorgan amplias facultades a sus autoridades para revocar visas cuando consideran que existen razones de interés público, seguridad nacional o preocupaciones relacionadas con actividades ilícitas.

La falta de transparencia alimentó las especulaciones.

Los críticos del gobierno interpretaron la decisión como una señal de que agencias estadounidenses podrían estar observando actividades relacionadas con corrupción o redes criminales.

Los defensores del obradorismo denunciaron una maniobra política destinada a golpear al movimiento fundado por López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum optó por respaldar públicamente a López Beltrán.

Desde Palacio Nacional se insistió en que la cancelación de una visa no constituye prueba alguna de conducta ilegal.

Formalmente, el argumento es correcto.

Pero políticamente la reacción despertó nuevas preguntas.

¿Qué habría ocurrido si la visa retirada hubiera pertenecido a un dirigente del PAN?

¿O a un exfuncionario priista?

¿O a un empresario identificado con la oposición?

La historia reciente ofrece una respuesta incómoda.

Durante años, Morena convirtió sospechas, investigaciones preliminares e incluso reportajes periodísticos en argumentos suficientes para exigir comparecencias, renuncias y procesos judiciales.

Ahora, frente a un personaje considerado parte del círculo íntimo del obradorismo, la postura oficial parece ser distinta.

La presunción de inocencia, principio fundamental de cualquier Estado de derecho, aparece invocada con una intensidad que rara vez se observó cuando los cuestionados eran adversarios políticos.

La construcción de una nueva élite

La narrativa oficial de la Cuarta Transformación se construyó sobre una división muy clara.

De un lado estaban las élites corruptas del pasado.

Del otro, un movimiento que representaba al pueblo.

Sin embargo, después de casi una década en el poder federal, esa frontera comienza a volverse cada vez más difusa.

Toda revolución política corre el riesgo de transformarse en aquello que prometió combatir.

Los grupos gobernantes desarrollan mecanismos de protección.

Las relaciones personales adquieren valor político.

La cercanía con el poder se convierte en una forma de influencia.

Y eventualmente surge una nueva élite.

México parece estar atravesando precisamente ese proceso.

No porque existan pruebas concluyentes de corrupción contra todos los integrantes del movimiento gobernante.

Sino porque la percepción pública comienza a identificar patrones conocidos.

Defensa automática.

Solidaridad interna.

Descalificación de críticos.

Y resistencia al escrutinio.

La pregunta ya no es si existen o no acusaciones.

La pregunta es por qué ciertas acusaciones generan consecuencias inmediatas mientras otras parecen quedar suspendidas en un limbo político.

El regreso de las listas

Mientras la discusión sobre Andy López Beltrán ocupaba titulares, otra controversia estalló en redes sociales.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, difundió información relacionada con periodistas, medios y cuentas digitales críticas del gobierno.

Sus simpatizantes argumentaron que se trataba de un análisis político legítimo.

Sus detractores lo interpretaron como una forma de señalamiento desde el poder.

La diferencia puede parecer semántica.

Pero en México tiene implicaciones profundas.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Decenas de periodistas han sido asesinados en las últimas décadas.

Muchos más han enfrentado amenazas, campañas de intimidación y agresiones.

En ese contexto, cualquier acción gubernamental que exponga públicamente a comunicadores genera preocupación.

No necesariamente porque constituya una amenaza directa.

Sino porque puede contribuir a un ambiente de hostilidad contra quienes ejercen la crítica.

La polémica se intensificó cuando usuarios de redes sociales rescataron declaraciones realizadas años atrás por Claudia Sheinbaum.

En 2021, la entonces jefa de Gobierno cuestionó la elaboración de listas políticas y las relacionó con prácticas asociadas al fascismo y al nazismo.

El video se viralizó rápidamente.

Las comparaciones fueron inevitables.

Lo que entonces era considerado una práctica autoritaria parecía recibir ahora una interpretación mucho más flexible.

La memoria como enemigo político

La política moderna tiene una característica peculiar.

Nada desaparece.

Todo queda registrado.

Discursos.

Entrevistas.

Publicaciones.

Videos.

Declaraciones.

Las redes sociales funcionan como una gigantesca hemeroteca permanente.

Y esa memoria digital suele convertirse en el principal enemigo de los gobiernos.

Porque las contradicciones son visibles.

Porque las frases regresan.

Porque las promesas reaparecen.

Y porque los ciudadanos pueden comparar el discurso de ayer con las acciones de hoy.

El caso de las listas expuestas por Luisa María Alcalde ilustra precisamente ese fenómeno.

Más que el contenido específico de la publicación, lo que generó indignación entre muchos observadores fue la aparente inconsistencia.

Si identificar públicamente a personas por razones políticas era algo inaceptable cuando se estaba en la oposición, ¿por qué resulta aceptable cuando se ejerce el poder?

La pregunta trasciende a Morena.

Ha perseguido a prácticamente todos los gobiernos.

Pero precisamente por eso resulta significativa.

Porque la Cuarta Transformación prometió ser diferente.

El problema no es la crítica

Los gobiernos democráticos tienen derecho a responder críticas.

Los partidos políticos tienen derecho a defenderse.

Los funcionarios tienen derecho a debatir.

Nadie cuestiona eso.

El problema surge cuando existe una enorme asimetría de poder.

Un periodista independiente no dispone de los recursos del Estado.

Un columnista no controla instituciones públicas.

Un medio digital no posee la capacidad de movilización política de un partido gobernante.

Por esa razón, los estándares democráticos exigen mayor responsabilidad a quienes ejercen el poder.

La crítica hacia los periodistas puede ser legítima.

La exhibición sistemática de periodistas desde posiciones de autoridad es otra cosa.

Y esa diferencia importa.

Importa porque define los límites entre la confrontación democrática y la intimidación política.

La prueba definitiva del poder

Toda fuerza política enfrenta eventualmente una prueba.

No ocurre cuando llega al gobierno.

Ocurre cuando debe decidir si aplica las mismas reglas a sus amigos que a sus enemigos.

Esa es la prueba que históricamente ha derrotado a numerosos movimientos reformistas alrededor del mundo.

Porque combatir la corrupción ajena es relativamente sencillo.

Combatir la propia resulta mucho más difícil.

Investigar adversarios genera aplausos.

Investigar aliados genera conflictos internos.

Exigir transparencia a los otros produce beneficios políticos.

Exigir transparencia a los cercanos implica costos.

Y precisamente por eso constituye la medida real del compromiso democrático.

Una democracia bajo observación

La discusión sobre Andy López Beltrán y la exhibición de periodistas probablemente continuará durante meses.

Quizá aparezcan nuevas pruebas.

Quizá no.

Quizá las sospechas se disipen.

Quizá se profundicen.

Pero el verdadero tema no es un individuo ni una publicación específica.

El verdadero tema es la calidad de la democracia mexicana.

Porque las democracias no fracasan únicamente cuando aparecen actos de corrupción.

Fracasan cuando los ciudadanos dejan de creer que las reglas se aplican por igual.

Cuando perciben que existen personas intocables.

Cuando observan que la cercanía con el poder funciona como escudo.

Cuando concluyen que la crítica es aceptable solamente si se dirige contra ciertos actores.

El precio de la contradicción

La Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo una revolución ética.

Su legitimidad no provenía únicamente de las urnas.

Provenía también de una promesa moral.

La promesa de ser diferente.

Por eso las contradicciones pesan más.

Por eso generan más decepción.

Y por eso provocan mayor atención pública.

Cuando un gobierno se presenta como una alternativa moral superior, cada inconsistencia se convierte en una prueba de credibilidad.

La defensa cerrada de figuras cercanas al poder y la exhibición pública de críticos no necesariamente constituyen delitos.

Pero sí representan señales políticas.

Y las señales importan.

Porque revelan cómo entiende el poder a sí mismo.

Porque muestran quién merece protección.

Y porque permiten vislumbrar cuáles son los límites reales de la tolerancia gubernamental frente al cuestionamiento público.

Al final, la pregunta que enfrentan Morena, Claudia Sheinbaum y el movimiento fundado por López Obrador es extraordinariamente simple.

¿Las reglas son las mismas para todos?

Hasta ahora, para una parte creciente de la opinión pública mexicana, la respuesta sigue siendo incierta.