El Limones cayó, pero el sistema sigue de pie: anatomía de una captura incompleta en Durango

La detención de Édgar “N”, conocido como “El Limones”, fue presentada por las autoridades como un golpe decisivo contra una de las estructuras criminales más agresivas que operaban en Durango y la región de La Laguna. La narrativa oficial habló de un presunto jefe de plaza, de un operador financiero relevante, de un personaje clave en la red de extorsión que durante años habría sometido a comerciantes, transportistas y productores locales. Sin embargo, conforme el polvo mediático se asienta, emerge una pregunta incómoda que nadie en el discurso oficial parece querer responder con claridad: ¿cómo es posible que una organización de ese tamaño y permanencia termine reducida a un solo detenido y a un puñado de acompañantes menores?

La historia de El Limones no comienza con su captura, sino mucho antes, en una región donde la extorsión dejó de ser una noticia excepcional para convertirse en una rutina silenciosa. Durante años, la economía local convivió con el miedo: llamadas anónimas, “cuotas” disfrazadas de protección, advertencias veladas y, en algunos casos, violencia directa. El éxito de este modelo criminal no se explica únicamente por la brutalidad, sino por su capacidad de operar con orden, continuidad y, sobre todo, con una preocupante normalidad.

Esa normalidad es, precisamente, lo que hoy genera sospechas. Ninguna estructura criminal que maneje grandes cantidades de dinero, que controle territorios y que se sostenga en el tiempo puede hacerlo sin una red amplia. Cobradores, operadores logísticos, enlaces financieros, personas encargadas de vigilar, de transportar recursos, de limpiar ganancias. Y más allá del núcleo criminal, inevitablemente surgen zonas grises: omisiones, tolerancias, silencios convenientes, trámites que avanzan sin preguntas, denuncias que se extravían.

La captura de El Limones fue presentada como una ruptura. Pero para muchas de las víctimas, se siente más como un corte superficial.

El rostro visible cae, pero la estructura que permitió su crecimiento parece intacta. No se ha informado de investigaciones profundas sobre las rutas financieras completas, ni sobre los posibles facilitadores que permitieron que el dinero circulara, se invirtiera y se ocultara durante años. Tampoco se han anunciado acciones contundentes contra quienes, sin empuñar un arma, hicieron posible que el sistema funcionara.

Aquí radica uno de los grandes problemas del combate al crimen organizado en México: la justicia suele concentrarse en los nombres más escandalosos, en las figuras que pueden exhibirse como trofeos, mientras que los engranes menos visibles —y muchas veces más determinantes— permanecen fuera del foco. El mensaje implícito es peligroso: se castiga al ejecutor, pero se protege, por acción u omisión, al ecosistema que lo sostuvo.

Para los comerciantes que pagaron durante años, la detención no representa un cierre. Muchos saben que quien cobraba no actuaba solo, que las listas, las rutas, los contactos y las amenazas no desaparecen con un arresto. El temor no se disuelve con un comunicado oficial. Persiste la duda: ¿quién tomó el control?, ¿quién heredó la estructura?, ¿quién sigue operando bajo un perfil más bajo?

El discurso oficial insiste en que la captura debilita a la organización. Pero la experiencia histórica demuestra que, sin un desmantelamiento integral, estos golpes suelen generar dos efectos: una breve pausa y una reorganización interna. El vacío de poder rara vez queda vacío. Se llena rápido, casi siempre con los mismos actores secundarios que ya conocían el negocio.

Más grave aún es la percepción de selectividad. Cuando solo se detiene a quienes están en la parte más visible de la cadena, se refuerza la idea de que existen intocables. Personas que no aparecen en los organigramas criminales, pero que resultan indispensables para que el sistema funcione. Personas que no cobran con amenazas, pero que facilitan, gestionan, avalan o miran hacia otro lado.

La falta de detenciones adicionales no es solo una falla operativa; es un problema de credibilidad institucional. Cada caso inconcluso erosiona la confianza pública. Cada red que no se investiga a fondo envía un mensaje devastador a las víctimas: denunciar no sirve, hablar es peligroso y la justicia llega solo hasta donde es políticamente cómodo.

En Durango, este caso se vuelve un espejo de una problemática nacional. La narrativa del “gran golpe” suele ser utilizada para cerrar capítulos de manera apresurada.

Pero la sociedad ya no se conforma con titulares. Exige procesos, exige consecuencias, exige saber por qué durante años nadie vio nada o, peor aún, por qué viendo, nadie actuó.

La pregunta que queda flotando no es si El Limones era culpable o no; eso lo determinarán los tribunales. La pregunta real es otra: ¿por qué su caída no arrastró a la estructura completa? ¿Por qué no hay investigaciones visibles sobre las redes económicas, sociales y administrativas que hicieron posible su operación? ¿Por qué, una vez más, el caso parece cerrarse justo donde debería empezar lo más difícil?

Mientras esas respuestas no lleguen, la detención seguirá siendo percibida como un gesto incompleto. Un triunfo a medias. Un expediente que, aunque formalmente avance, moralmente queda abierto.

El combate real al crimen no se mide por la captura de un nombre, sino por la capacidad del Estado de romper todas las complicidades, incluso aquellas que resultan incómodas. Hasta que eso ocurra, Durango —como muchas otras regiones del país— seguirá viviendo con la sensación de que el crimen cae… pero solo hasta donde se le permite.