Harfuch descarta terrorismo y confirma que explosión en Michoacán fue parte de una pugna criminal

La explosión que sacudió a Coahuayana, Michoacán, el pasado 6 de diciembre abrió, durante varias horas, un clima de incertidumbre que llevó a especulaciones sobre un posible acto terrorista. El estallido —provocado por un vehículo que se incendió y detonó frente a la base de la Policía Comunitaria— dejó cinco personas muertas, más de una decena de heridos y daños significativos en viviendas y comercios. La magnitud del siniestro generó pánico y una ola inmediata de versiones encontradas.

Sin embargo, el gobierno federal desactivó la narrativa más alarmista. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que no existen elementos que vinculen el ataque con un acto terrorista, y que los hechos responden a una confrontación directa entre grupos del crimen organizado que disputan el control territorial de la región costera entre Michoacán y Colima.

Una explosión en medio de la guerra criminal

De acuerdo con Harfuch, el vehículo involucrado en el estallido era conducido por una de las dos personas que viajaban en él, ambas presuntamente relacionadas con organizaciones delictivas que mantienen una pugna abierta en la zona. El conductor murió al instante. Las investigaciones preliminares señalan que el ataque no buscaba enviar un mensaje ideológico, sino continuar con la dinámica violenta de una región donde cárteles rivales se enfrentan de manera constante.

“El análisis de los primeros indicios descarta cualquier intención terrorista”, afirmó Harfuch. “Todo apunta a un episodio más de la disputa que estos grupos mantienen por el control de las rutas y las actividades ilícitas en la región”.

La FGR corrige el rumbo

En un inicio, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta por posible terrorismo, ante la violencia del estallido y los daños ocasionados. Sin embargo, tras revisar las primeras pruebas y evaluar el contexto del ataque, la institución decidió reclasificar el caso bajo el marco de delincuencia organizada.

Peritos en explosivos analizan qué tipo de dispositivo se utilizó y trabajan en reconstruir la ruta que siguió el vehículo, el cual, según las primeras indagatorias, habría sido trasladado desde Colima pocas horas antes del estallido. También se investiga si los responsables intentaban atacar a integrantes de la Policía Comunitaria o si el vehículo detonó de manera accidental durante una operación criminal.

Una región marcada por la violencia

La zona donde ocurrió la explosión ha sido, desde hace años, un punto estratégico para el crimen organizado. El control de rutas costeras, la extorsión, el tráfico de mercancías y la presencia de policías comunitarias han generado tensiones que se han intensificado durante 2025.

En este contexto, la explosión de Coahuayana no es un hecho aislado, sino parte de una serie creciente de ataques que muestran un preocupante escalamiento: la incorporación de explosivos y métodos cada vez más agresivos en una región donde antes predominaban las armas de fuego y emboscadas tradicionales.

Autoridades federales reconocen que este incremento en la sofisticación de la violencia exige nuevas respuestas operativas, además de un reforzamiento permanente de la presencia militar y policial.

Refuerzo federal y seguimiento de líneas de investigación

Harfuch anunció un reforzamiento de fuerzas federales en Coahuayana y municipios cercanos, con el objetivo de prevenir nuevos ataques mientras avanza la investigación. Las autoridades están recopilando imágenes de cámaras públicas y privadas, revisando comunicaciones interceptadas y analizando la trazabilidad del vehículo para identificar a todos los involucrados.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mantiene varias líneas abiertas, entre ellas la presunta participación de grupos asentados en Colima que habrían cruzado a Michoacán para ejecutar una operación puntual contra rivales.

Entre la calma oficial y el miedo ciudadano

Aunque el gobierno federal insistió en que la explosión no representa un intento de generar terror a nivel nacional, la población local permanece inquieta. Los habitantes de Coahuayana reportan noches más silenciosas, calles semivacías y una sensación persistente de vulnerabilidad.

Para muchos, la aclaración oficial atenúa el temor, pero no lo disipa: la disputa entre grupos criminales continúa activa, y la posibilidad de nuevos enfrentamientos sigue latente. El desafío para las autoridades será demostrar que el reforzamiento anunciado es suficiente para frenar una escalada que, de no contenerse, podría extenderse hacia otros municipios y profundizar la crisis de seguridad en la región.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas claras y acciones contundentes frente a una violencia que, aunque no sea terrorismo, se vive con la misma intensidad del miedo.