Denunciantes ratifican querella contra Héctor Ruelas Salcedo; Fiscalía de Coahuila avanza con investigación

TORREÓN, Coah. — La investigación iniciada por una denuncia por presunto fraude en contra de Héctor Ruelas Salcedo dio un nuevo paso esta semana, luego de que los denunciantes acudieran ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para ratificar formalmente los hechos asentados en la querella presentada con anterioridad.

Con la ratificación, el procedimiento entra en una nueva etapa procesal, en la que el Ministerio Público podrá continuar con la integración de la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de citar a declarar a las personas señaladas en la denuncia, así como solicitar documentación, entrevistar testigos y recabar elementos de prueba.

La ratificación constituye un requisito procesal habitual en las investigaciones iniciadas mediante denuncia y permite a la autoridad continuar con el desarrollo del expediente conforme a la legislación penal vigente.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre la fecha en que podrían realizarse las siguientes diligencias ni ha dado a conocer el contenido específico de la carpeta de investigación.

Un caso que comenzó con promesas de alta rentabilidad

La denuncia deriva de una serie de operaciones de inversión relacionadas con la operación de granjas avícolas proveedoras de Pilgrim's, en las que, de acuerdo con los denunciantes, se ofrecían rendimientos derivados de la producción de dichas instalaciones.

Según la versión expuesta por los inversionistas, las propuestas contemplaban aportaciones económicas significativas bajo la promesa de obtener utilidades provenientes de la explotación de las granjas. Sin embargo, sostienen que los rendimientos prometidos nunca se materializaron y que posteriormente enfrentaron dificultades para recuperar el capital invertido.

Los afectados consideran que existieron representaciones falsas respecto al destino de los recursos y a la viabilidad del modelo de negocio, argumentos que ahora forman parte de la investigación ministerial.

Empresas involucradas rechazan responsabilidad

En días recientes, uno de los propietarios de Agropecuaria SJD rechazó públicamente que Héctor Ruelas Salcedo hubiera estado autorizado para ofrecer inversiones o garantizar rendimientos a nombre de la empresa.

Durante una conversación telefónica difundida previamente, el socio afirmó que Ruelas no tenía facultades para comprometer a la compañía frente a inversionistas particulares y sostuvo que cualquier promesa de rentabilidad realizada utilizando el nombre de la empresa habría sido hecha sin autorización.

Esa postura marcó un contraste con la versión presentada por los denunciantes, quienes aseguran que las inversiones fueron promovidas bajo la referencia de operaciones vinculadas con las granjas.

La declaración del empresario representa uno de los elementos que podrían ser considerados por la autoridad durante la integración de la investigación, junto con la documentación financiera, contratos, comprobantes de transferencia y demás pruebas aportadas por las partes.

La investigación entra en una etapa de recopilación de pruebas

Especialistas en derecho penal explican que la ratificación de una denuncia no implica, por sí misma, una determinación sobre la responsabilidad de la persona señalada.

En esta fase corresponde exclusivamente al Ministerio Público reunir evidencia suficiente para determinar si existen elementos que permitan ejercer acción penal o, en su caso, concluir que no se acreditan los hechos denunciados.

Como parte de ese proceso, la autoridad puede solicitar información bancaria, requerir contratos, entrevistar a posibles testigos y citar a comparecer tanto a denunciantes como a las personas mencionadas en la carpeta.

Fuentes cercanas al procedimiento indicaron que una de las diligencias previstas sería el llamado a declarar de las personas señaladas en la denuncia, entre ellas Héctor Ruelas Salcedo, quien tendría la oportunidad de exponer su versión de los hechos dentro del procedimiento correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición no existía información pública que indicara que dicha comparecencia hubiera ocurrido.

Presunción de inocencia

De conformidad con el sistema penal acusatorio mexicano, la presentación y ratificación de una denuncia no constituyen prueba de responsabilidad penal. Toda persona investigada goza del derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución firme emitida por la autoridad judicial competente.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar, con base en las pruebas que logre reunir durante la investigación, si existen elementos suficientes para judicializar el caso o si procede alguna otra determinación conforme a derecho.

Mientras tanto, el expediente permanece en etapa de integración y las diligencias continúan bajo conducción del Ministerio Público.