Cuando el poder pide silencio disfrazado de prudencia

Las palabras de Miguel Mery Ayup no son menores ni inocentes. Cuando un actor del ámbito judicial afirma que los medios y las redes sociales “no están para judicializar”, no está haciendo una simple precisión técnica; está trazando una frontera discursiva que, en el fondo, busca redefinir quién tiene derecho a señalar y hasta dónde. Y en un país como México, donde la distancia entre la ley escrita y la justicia real suele ser abismal, ese tipo de mensajes no sólo son cuestionables: resultan profundamente problemáticos.

Porque sí, es cierto en lo formal: los medios no juzgan, no sentencian, no ejecutan. Pero el problema es otro. Nadie serio ha sostenido que el periodismo deba sustituir a los tribunales. El verdadero punto es que, en la práctica, muchas veces si los medios y las redes no exhiben, nadie actúa. Pretender que el ecosistema informativo debe limitarse a narrar sin incomodar es ignorar deliberadamente la historia reciente del país, donde múltiples escándalos de corrupción, abuso de poder y negligencia institucional no surgieron de investigaciones internas del Estado, sino de filtraciones, reportajes y presión pública.

El discurso de “no judicializar” se vuelve entonces peligrosamente ambiguo. ¿Qué significa en realidad? ¿No investigar? ¿No señalar? ¿No amplificar denuncias? ¿No cuestionar versiones oficiales? Porque si la intención fuera únicamente evitar juicios sumarios o linchamientos digitales, la discusión sería otra, mucho más específica y matizada. Pero no es así. El mensaje, tal como se plantea, abre la puerta a una interpretación mucho más conveniente para el poder: que cualquier señalamiento público puede ser descalificado bajo el argumento de que está “excediendo” su función.

Y ahí es donde la crítica debe ser frontal. Porque lo que incomoda no es la supuesta “judicialización”, sino la visibilidad. Lo que molesta no es el exceso de juicio, sino el exceso de luz.

En contextos donde las instituciones funcionan con lentitud, opacidad o, en el peor de los casos, complicidad, el espacio público —medios y redes— se convierte en un mecanismo informal pero indispensable de rendición de cuentas.

No perfecto, no exento de abusos, pero sí necesario. Sin ese mecanismo, muchas historias simplemente no existirían. Muchos nombres nunca serían mencionados. Muchas responsabilidades quedarían diluidas en expedientes que duermen el sueño burocrático.

Hay además una contradicción de fondo que no se puede ignorar. Se pide a los medios prudencia, contención, casi silencio, en un entorno donde la propia autoridad rara vez ofrece transparencia plena, donde la información se administra, se filtra o se niega. Se exige responsabilidad a quienes señalan, pero no siempre se observa la misma exigencia hacia quienes deberían responder. Esa asimetría es, en sí misma, una forma de poder.

También hay que decirlo sin rodeos: el argumento de evitar la “judicialización mediática” ha sido históricamente uno de los refugios favoritos de quienes buscan desactivar el escrutinio público. Es una narrativa que suena razonable, incluso sensata, pero que en su aplicación selectiva termina funcionando como un amortiguador de la crítica. Porque no se utiliza para defender el debido proceso en abstracto, sino para frenar casos concretos donde la presión social comienza a incomodar.

Y claro que existe el riesgo del linchamiento digital, de la desinformación, de la condena anticipada. Nadie lo niega. Pero usar esos riesgos reales como argumento para deslegitimar el señalamiento público es como querer apagar un incendio eliminando el agua porque también puede inundar. La solución no es menos información, sino mejor información. No es menos crítica, sino más rigor. No es menos voz, sino más responsabilidad en cómo se ejerce.

Reducir el papel de los medios a simples narradores neutrales es desconocer su naturaleza. El periodismo, cuando es auténtico, no es cómodo. No está diseñado para serlo. Su función no es sólo contar lo que pasa, sino cuestionar por qué pasa y a quién beneficia. Y en ese ejercicio, inevitablemente toca intereses, exhibe contradicciones y genera incomodidad.

Las redes sociales, por su parte, han democratizado —con todos sus excesos— la posibilidad de denunciar. Han roto el monopolio de la narrativa. Han permitido que historias que antes quedaban atrapadas en lo local o lo invisible escalen a niveles donde ya no pueden ser ignoradas. Pretender que ese fenómeno debe autocontenerse bajo una lógica de prudencia institucional es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, deliberado.

Lo verdaderamente preocupante es el fondo del mensaje: la insinuación de que hay un límite no escrito sobre lo que se puede decir públicamente cuando se trata de posibles irregularidades. Y ese límite, cuando proviene de figuras con poder o influencia, no se percibe como una recomendación, sino como una advertencia.

En un entorno democrático sano, el poder no debería pedir menos escrutinio, sino más. No debería temerle a la exposición, sino garantizar que esa exposición se traduzca en procesos claros, verificables y justos. Porque la confianza no se construye pidiendo silencio, sino respondiendo con hechos.

Decir que los medios y las redes no están para judicializar puede ser técnicamente correcto, pero políticamente insuficiente y socialmente riesgoso. Porque lo que realmente está en juego no es quién dicta sentencia, sino quién se atreve a señalar.

Y en un país donde tantas veces la justicia llega tarde —cuando llega—, pedir que se baje el volumen de la denuncia no suena a defensa del debido proceso. Suena, más bien, a una forma sofisticada de administrar el silencio.

Los medios y las redes no son tribunales, pero son algo que a veces resulta más incómodo para el poder: un reflector constante. Y cuando ese reflector apunta hacia la injusticia, la incapacidad o la corrupción, no sólo es válido mantenerlo encendido… es imprescindible.