El eco del huachicol: denuncias, nombres y silencios incómodos

En un país donde el huachicol dejó de ser un rumor para convertirse en un fenómeno económico y criminal, las denuncias públicas de actores políticos siempre generan ruido. Y cuando uno de esos actores señala directamente a quienes, desde las sombras o los reflectores, estarían vinculados con el robo y la comercialización ilegal de combustibles, el ruido se convierte en estruendo.

El caso reciente de los señalados por Federico Döring no fue la excepción. Según el panista, existe una red que va mucho más allá de simples “ordeñadores de ductos”: detrás hay empresarios, exfuncionarios, operadores políticos y hasta familias con poder local que, bajo distintos disfraces, se han beneficiado de un negocio tan jugoso como sangriento.

Los nombres en la mesa

Lo que más incomodó no fue la denuncia en sí, sino los apellidos que comenzaron a circular. No eran nombres de campesinos en pueblos alejados ni de simples choferes sorprendidos con bidones en la carretera. Se hablaba de personas con contactos en altos niveles, con inversiones en negocios legales que servían como fachada, y con la habilidad de moverse entre pasillos políticos y empresariales con una naturalidad pasmosa.

La acusación fue clara: hay vínculos directos entre figuras que en público se presentan como “respetables” y en privado participan en la operación o protección del robo de combustible. El contraste es brutal: por un lado, discursos sobre desarrollo económico; por el otro, la sombra de un negocio que drena miles de millones de pesos al erario y fortalece a estructuras criminales.

Una red que se alimenta del silencio

El huachicol, como negocio, nunca hubiera alcanzado la magnitud que tiene si no existieran tres factores clave:

1. Protección política. Las denuncias sugieren que algunos de los vinculados tenían, o tienen aún, padrinos en oficinas de gobierno que miran hacia otro lado.

2. Lavado empresarial. Gasolineras, constructoras y comercios que funcionan como pantallas legales para ocultar el dinero sucio.

3. Complicidad local. Autoridades municipales y estatales que permiten la operación a cambio de un beneficio económico o electoral.

   
   

El señalamiento de Döring pone el dedo en la llaga: si se conocen nombres, si hay expedientes, ¿por qué las investigaciones se mueven tan lento? La respuesta parece obvia: porque los tentáculos de este negocio llegan a lugares donde la justicia se queda ciega, sorda y muda.

El juego político

No faltaron quienes acusaron a Döring de usar el tema como arma electoral. Y es cierto: en México, pocas veces las denuncias públicas se hacen sin cálculo político. Pero incluso en ese contexto, las revelaciones encendieron alarmas. Porque más allá del ruido partidista, lo que quedó expuesto es la fragilidad de un sistema que permite que personajes con acceso a poder, recursos e información operen en un terreno que debería ser exclusivo de la ley.

La pregunta que quedó flotando es incómoda: ¿qué tanto de lo que se denunció terminará en procesos judiciales y qué tanto quedará en el limbo de los “expedientes congelados”?

El costo social

Mientras en la superficie se habla de nombres y acusaciones, en el fondo la realidad es otra: comunidades enteras atrapadas en la dinámica del huachicol. Pueblos donde perforar ductos es más rentable que sembrar maíz, donde la juventud crece entre la normalización de lo ilegal y la falta de oportunidades. Y ahí radica lo más doloroso: el círculo vicioso que convierte a la ilegalidad en motor de subsistencia.

La sombra del negocio eterno

La denuncia de Döring no fue la primera ni será la última. El huachicol se ha convertido en un monstruo con múltiples cabezas: cada vez que una cae, otras aparecen en otro estado, en otra red, bajo otros apellidos.

Los nombres señalados quedarán en la memoria colectiva como recordatorio de que la corrupción y la ilegalidad no son patrimonio de la periferia, sino que muchas veces nacen en las oficinas alfombradas y en las reuniones sociales de la élite.

El silencio institucional será, una vez más, el mayor cómplice. Porque en este país, señalar no significa necesariamente sancionar. Y mientras tanto, el combustible sigue fluyendo, ilegal pero constante, como símbolo de que el negocio eterno del huachicol todavía goza de salud. Mientras, la presidenta, con A de mujer (sic) asegura que todo esto es "politiquería".