Detrás de la sonrisa y la calma aparente, en la administración de Torreón está pasando de todo, y no es bueno.

La administración de Román Alberto Cepeda González en Torreón ha quedado marcada, en los últimos años, por una acumulación de observaciones técnicas, señalamientos políticos y denuncias formales que, en conjunto, dibujan un patrón de irregularidades financieras y administrativas aún no resuelto en su totalidad.

Lo que comenzó como observaciones ordinarias de auditoría terminó por escalar a expedientes ante instancias anticorrupción, cuestionamientos legislativos y un creciente debate público sobre el manejo de recursos en uno de los municipios más relevantes del norte del país.

Se siguen acumulando observaciones

Desde el inicio de su gestión, los informes de fiscalización comenzaron a señalar inconsistencias. La Auditoría Superior del Estado de Coahuila documentó cientos de observaciones que, con el paso del tiempo, no lograron ser solventadas. Para 2025, estas revisiones ya se habían traducido en denuncias formales: al menos 120 observaciones por más de 531 millones de pesos relacionadas con compras sin respaldo, irregularidades en obra pública, contrataciones cuestionadas y posibles malversaciones.

Estas no fueron anomalías menores ni aisladas. De acuerdo con los expedientes, se trataba de fallas sistemáticas en distintos rubros del gobierno municipal, lo que llevó a que la propia auditoría estatal presentara denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, abriendo múltiples líneas de investigación que permanecen activas.

El problema no se detuvo ahí. En 2026, nuevos informes ampliaron el alcance de las irregularidades. La misma auditoría estatal reportó 199 observaciones adicionales por un monto cercano a 421 millones de pesos, correspondientes a distintos ejercicios fiscales de la administración.

En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación —encargada de revisar el uso de recursos federales— detectó un probable daño al erario por más de 378 millones de pesos en la cuenta pública de 2024.

El detalle de estas observaciones resulta particularmente revelador. Entre los hallazgos destacan pagos sin documentación comprobatoria, contratos con evidencia insuficiente de ejecución, falta de validación técnica en servicios públicos y obras cuya utilidad social no pudo ser acreditada.

Uno de los casos más sensibles fue el relacionado con la construcción de infraestructura social vinculada al DIF municipal, donde la auditoría federal concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar la correcta aplicación de los recursos ni su beneficio a la población objetivo.

A este entramado técnico se sumaron los señalamientos políticos. En diciembre de 2025, el diputado Antonio Attolini Murra promovió solicitudes de juicio político, argumentando no solo irregularidades financieras, sino también posibles violaciones a derechos humanos, ocultamiento de información y abuso de funciones.

En su exposición, el legislador planteó un punto clave: Torreón concentraba el mayor monto de irregularidades detectadas en el estado, superando ampliamente a otros municipios, lo que abría dudas sobre la magnitud real del problema y la respuesta institucional frente a él.

La defensa del propio alcalde ha seguido una línea consistente. Cepeda ha sostenido en distintas ocasiones que varias de las irregularidades corresponden a administraciones anteriores y que su gobierno ha actuado con transparencia y disposición para solventar observaciones.

Sin embargo, los informes más recientes —especialmente los relacionados con ejercicios ya bajo su administración directa— han debilitado esa narrativa, al vincular nuevas observaciones con decisiones tomadas durante su propio periodo de gobierno.

Más allá de los montos —que en conjunto superan ampliamente los mil millones de pesos en observaciones acumuladas— lo que emerge es un patrón:auditorías que detectan irregularidades, procesos de solventación incompletos, denuncias que avanzan lentamente y una rendición de cuentas que no termina de cerrarse.

El caso de Torreón ilustra un problema estructural más amplio en la gestión pública local en México: la distancia entre la detección de irregularidades y la sanción efectiva.

Porque en el papel, las anomalías están documentadas.En los expedientes, los montos están cuantificados.Pero en la práctica, la pregunta sigue abierta:

¿Quién responde, cuándo y bajo qué consecuencias?.

En ese vacío —entre lo observado y lo sancionado— es donde se juega, no solo el futuro político de una administración, sino la credibilidad de todo un sistema de fiscalización.