Empresarios bajo asedio: la extorsión en La Laguna y el fantasma de la CATEM

La cita fue en una cafetería discreta de Gómez Palacio. El empresario pidió sentarse en la mesa más apartada, lejos de ventanas y de oídos curiosos. Hablaba en voz baja, mirando alrededor con frecuencia. “Ellos ya vinieron. No con pistolas, sino con papeles. Y me dijeron: ‘si no firmas con nosotros, no podemos garantizar que la obra continúe en paz’”.

En la Comarca Lagunera, estas escenas se repiten cada vez más. Empresarios de la construcción, transportistas, comerciantes y pequeños productores coinciden en algo: la amenaza no siempre llega con un arma, sino con el membrete de un sindicato.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ha sido señalada como la nueva cara de un viejo problema: la extorsión disfrazada.

Un sindicato que llega antes que los obreros

En una obra de pavimentación en las afueras de Lerdo, los camiones llegaron puntuales, los trabajadores listos, el contrato firmado. Pero antes de que la maquinaria encendiera motores, apareció un grupo de hombres con chalecos y carpetas bajo el brazo. “Venimos de CATEM, somos los que representamos a los trabajadores aquí”, dijeron.

El dueño de la constructora, sorprendido, respondió que sus empleados ya estaban sindicalizados. La conversación se tensó. Uno de los hombres replicó: “Sí, pero si no firmas con nosotros, se te van a parar las obras”. Ese mismo día, horas más tarde, un grupo bloqueó el acceso a la maquinaria con piedras y pancartas. El proyecto quedó paralizado durante una semana, hasta que el empresario aceptó “dialogar”.

Lo que se presentó como “negociación laboral” terminó en un acuerdo extraoficial: pagos periódicos para evitar futuros bloqueos.

La sombra del crimen organizado

Los testimonios apuntan a un patrón. El primer acercamiento siempre tiene forma legal: contratos colectivos, representación sindical, mediación laboral. Pero detrás de ese barniz, aseguran empresarios, se esconden conexiones con células criminales que operan en la región.

Un productor de lácteos en Mapimí lo relata con crudeza: “Si dices que no, a la semana siguiente te llega alguien distinto, ya sin chaleco, sin carpeta. Ese ya no pregunta, te dice cuánto vas a pagar”.

La extorsión en La Laguna ya no es sólo el cobro de piso en bares o en carreteras. Es un sistema híbrido en el que el sindicato ofrece legitimidad, mientras grupos delictivos aseguran el cumplimiento.

El costo del miedo

Los números no aparecen en balances oficiales. No hay facturas por “cuota de paz”, ni recibos de “protección sindical”. Todo se paga en efectivo, en sobres, en transferencias disfrazadas.

El impacto, sin embargo, es evidente. Inversionistas que habían puesto la mirada en la región deciden retirarse. Los locales detienen proyectos o suben precios para compensar lo que llaman, entre ellos, “el impuesto invisible”. El costo se multiplica a lo largo de la cadena de consumo: desde el flete de mercancías hasta el litro de leche.

Más grave aún: se instala el silencio. Pocos se atreven a denunciar. Un empresario de transporte lo explica así: “Si levantas la voz, al día siguiente tus camiones amanecen quemados. Y el seguro no cubre extorsión”.

Los que se han atrevido a denunciar públicamente han pagado un precio todavía más alto. De acuerdo con testimonios, varios empresarios fueron víctimas de golpizas tras haber levantado la voz, en lo que se interpretó como un castigo ejemplar. Uno de ellos, tras ser hospitalizado, retiró su denuncia por miedo a represalias. La señal fue clara para el resto: denunciar puede costar más caro que pagar.

La desconfianza es total. Algunos de los denunciantes aseguran que no existen garantías reales para acudir a la Fiscalía o al gobierno estatal. Incluso circula entre empresarios la sospecha de que el gobernador Esteban Villegas y la propia Fiscalía local están involucrados o, cuando menos, sometidos por el mismo grupo criminal que opera con el sindicato.

No obstante, en contraste con la mayoría de quejas, algunos agricultores en ejidos de la región reconocen que CATEM les ha facilitado acceso al agua para riego en momentos de escasez. “Si no fuera por ellos, no habríamos podido abrir compuertas”, dice un productor de maíz en Tlahualilo. Otros afirman que la organización intervino para garantizar turnos en los módulos de riego. Sin embargo, estas “gestiones” despiertan sospechas: ¿son verdaderos apoyos comunitarios o parte del mismo entramado de control?

El eco en Palacio Nacional

Las denuncias llegaron a los medios nacionales y, con ellas, al micrófono de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum no evadió el tema: “donde hay denuncia se atiende, y debe haber una denuncia ante la Fiscalía”. Informó que se habilitó una línea telefónica para reportar casos y subrayó: “Aquí no protegemos a nadie; si hay delito, hay delito”.

El mensaje tenía un destinatario claro: Pedro Haces, dirigente nacional de CATEM y diputado de Morena. La mandataria dejó en claro que su cercanía política no será un blindaje.

Pedro Haces: el contragolpe

Desde la Ciudad de México, Pedro Haces respondió con dureza. Llamó a las acusaciones una “campaña negra” y retó a los empresarios a dar la cara: “Que presenten pruebas de lo que dicen… no a la CATEM que tengo el honor de dirigir”.

Aseguró que detrás de las denuncias hay sindicatos rivales y gobernadores priistas empeñados en desprestigiar a su organización. “CATEM es la organización obrera moderna que defiende a los trabajadores. No vamos a permitir que nos difamen”, declaró.

Una frontera difusa

La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿sindicalismo legítimo o extorsión disfrazada? Para algunos trabajadores, CATEM representa una opción distinta frente a sindicatos tradicionales. Para empresarios, es la cara legal de un mecanismo de coerción.

Para el gobierno, es un actor que debe ser investigado, pero sólo si hay denuncias formales.

Lo cierto es que en La Laguna la frontera entre lo laboral y lo criminal se ha vuelto difusa. Un empresario lo resume con amargura: “Ya no sabes si le estás pagando al sindicato o al cartel. Al final, pagas dos veces”.

Mientras esa línea no quede clara, el costo seguirá siendo doble: un precio económico y otro, aún más corrosivo, el del miedo. La Laguna se debate entre dos leyes: la del papel y la del plomo. Y en medio de esa batalla, algunos encuentran alivio en las promesas de agua, mientras otros ven en esas mismas concesiones una cadena más que los ata al control.

Los primeros antecedentes y la línea de los hechos

2018 – Llegada de CATEM a la región

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) comienza a expandirse en Durango y Coahuila, presentándose como una alternativa frente a sindicatos tradicionales. Empresarios reportan los primeros acercamientos “voluntarios” para firmar contratos colectivos.

2019-2020 – Primeras denuncias veladas

Constructores y transportistas locales narran presiones para afiliarse. Algunos reportan bloqueos de obras y amenazas veladas. El fenómeno se percibe aún como “disputa sindical”.

2021 – Escalada en transportes y comercio

El esquema se replica en agricultura, ganadería y expendios locales. El sindicato aparece como intermediario “legal” mientras grupos criminales refuerzan las presiones con amenazas directas.

2023 – Los primeros silencios forzados

Empresarios que denuncian enfrentan represalias. Se documentan las primeras golpizas contra quienes alzan la voz. Uno de ellos, tras ser hospitalizado, retira su denuncia. El mensaje se multiplica: denunciar puede costar más caro que pagar.

2024 – Desconfianza en autoridades

La desconfianza hacia la Fiscalía y hacia el gobierno estatal se profundiza. Circula entre los empresarios la sospecha de que las autoridades están coludidas o sometidas por los mismos grupos que operan las extorsiones.

2025 – El grito de auxilio

Cámaras empresariales lanzan un desplegado denunciando a CATEM y a grupos criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum responde en la mañanera que habrá investigación “donde haya denuncia”. El gobernador Esteban Villegas promete respaldo total a los empresarios, mientras Pedro Haces rechaza las acusaciones y habla de una “campaña negra”.