Por: Gloria Brito Nájera
Sin importarle para nada la salud y la vida de 300 humildes familias en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus que vivimos, y siendo la Ciudad de México la que registra más contagios y muertos en la república, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ordenó el desalojo y derribo de las construcciones de sus viviendas de 300 familias del predio Tempilulli, en Tláhuac, alcaldía que tiene la triste carta de presentación de ser una de las que más pobres tiene, con una población de 350 mil habitantes.
El predio Tempilulli-2, a espaldas de la estación del metro en Tláhuac es considerado por las autoridades de la Ciudad de México como “irregular” desde hace 22 años. Lo de “irregular” o no legal, es la misma situación de otras decenas de miles de asentamientos humanos repartidos en Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Cuajimalpa, etc., en donde, igual, están poblados por los más pobres de entre los pobres del país, que con sacrificios y sufrimientos han comprado un pedazo de patria para ellos y su familia. Los gobiernos han negado rabiosamente hacerlos “regulares” porque implicaría meterles los servicios urbanos mínimos a que todo mexicano tiene derecho.
Para el desalojo y derribo de las viviendas no hubo orden de autoridad alguna, ni aviso de ninguna clase, con el argumento del “supuesto delito de daño ambiental” según la carpeta de investigación 917. Con ese grado de arbitrariedad sacaron amedrentados a los colonos de sus viviendas con la fuerza pública. Este asentamiento, después de una veintena de años de lucha de sus habitantes, contaba con energía eléctrica, tuberías de drenaje, banquetas, calles arregladas y se surtía de agua potable por mangueras.
Las 40 hectáreas de superficie del predio quedaron invadidas por policías. Las 300 familias viven ahora, unas arrimadas con parientes, aquellos a los que los quisieron recibir, y las que no tuvieron esa tabla de salvación, mendigan en las calles buscando un lugar de acomodo con sus hijos. Desde hace tres meses las desafortunadas familias, muchas, con sus queridos ancianos a cuestas (como Eneas salvando a su padre) tenían la ilusión de que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum cumpliera su compromiso de entregarles un lugar para vivir. Ella dijo ante las cámaras de prensa con motivo del despojo y destrucción que hizo de las viviendas de los agraviados que, iba a “generar apoyos para que pudieran tener un lugar donde vivir”. Pero pasa el tiempo, semanas, meses y nada, solo palabras. La máxima autoridad de la ciudad reconoció que quienes habitaban el predio no eran paracaidistas, ni invasores, ni nada por el estilo, sino que eran propietarios porque habían comprado.
Las 300 familias no desfallecen y han solicitado apoyo al Movimiento Antorchista para lograr que el gobierno de la ciudad les cumpla. Los antorchistas sostenemos desde hace años un duro trabajo de organización y lucha en colonias, por la regularización de las zonas “irregulares”. Sin embargo, es bien conocido por el pueblo que quienes tienen la obligación, de resolver por ley, estos graves y difíciles problemas humanos, son las autoridades del actual gobierno morenista y no lo hacen. En la mayoría de los casos, los gobernantes sólo llegan para disponer a su gusto del presupuesto público y escalar a otros puestos de poder, los de la CDMX no son la excepción, muy lejos del lema que manejan de “primero los pobres”. Los miles de antorchistas de diferentes alcaldías de la Ciudad de México, están firmes en el apoyo a estos nuevos desalojados de sus hogares por el gobierno capitalino. Pues saben que les resuelvan situándolos en un lugar habitable de Tláhuac, no va ser sencillo a pesar de lo dicho por Claudia Sheinbaum.
Los capitalinos estamos cansados de promesas sin cumplir ¡basta ya! Las autoridades morenistas llegaron al poder por los ofrecimientos que hicieron y que nunca han cumplido. En Tláhuac, durante el gobierno pasado, otros predios habitados por gente igualmente pobre sufrieron la misma suerte: ser desalojados y sus viviendas derrumbadas y, hasta la fecha, siguen esperando ser reubicados.
Despojarlos violentamente de sus casas y negarles una pronta restitución de otra vivienda en la cual puedan reconstruir su vida es un crimen de lesa humanidad, es decir, es una acción inhumana que se efectúa con la ventaja del poder de un gobierno, en este caso, contra los más pobres y desprotegidos. A las 300 familias del Tempilulli se les está llevado al riesgo, sin piedad, de que se contagien por el coronavirus pues, sin un hogar donde protegerse, el peligro se multiplica. Así actúan los gobiernos de Morena ahora que tienen el poder, quienes desde el cargo se burlan de los más desprotegidos. ¿Confías tú en un gobierno así?