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Decenas de mineros en vía de perder su empleo

Ciudad de México.-En plena época decembrina hay pendientes que por falta de voluntad política, se dejará en el desamparo a familias mexicanas pertenecientes al sector minero, las cuáles desde hace tiempo padecen la incertidumbre ocasionada por malas decisiones provenientes de NAPOLEÓN GÓMEZ, quien intenta enviar a descansar a decenas de trabajadores.


Carlos Pavón Campos, dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, catalogó la situación de incongruente por parte de políticos quienes se supone ocupan la silla alta en favor de los trabajadores.

Además señaló que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado, Rosa María Galván Zárate, Jorge Rafael Olivera Toro y María de Lourdes Juárez Sierra, no tomaron en cuenta lo establecido por la Ley de Amparo, que textualmente dice que un juicio de amparo es improcedente “contra actos consumados de modo irreparable”. Esos actos consumados derivaron en la reapertura de la mina, en 2018.


Esto en base a la resolución del órgano colegiado instruye también a la JFCA dejar insubsistente el laudo del 2 de abril de 2019 y emita uno nuevo, en el que determine que no se puede conformar el padrón de trabajadores con derecho a voto (para desahogo de la prueba de recuento) con documentos relacionados hasta junio de 2007.


Cabe señalar que la huelga de Cananea y Taxco, "napillo", pedía cien millones de dólares por supuestos daños morales. “¿qué clase de justicia busca, si lo que buscó antes, y busca ahora, nunca ha sido para beneficio de los trabajadores sino para beneficio personal?”, enfatizó subrayando además que el Sector Minero calificó como “sospechosa” la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, a favor del sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, quién pretende regresar a los trabajadores a una huelga a la cual se resisten en la mina de San Martín Sombrerete, Zacatecas.


Consideró que el amparo otorgado al legislador de la 4-T, mismo que obliga a cerrar nuevamente la mina, es un atentado contra los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


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