Más de mil millones de pesos en observaciones y gastos bajo investigación tras la administración de Román Cepeda

Más de quinientos millones de pesos observados por la Auditoría Superior del Estado

De acuerdo con las revisiones practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) a las cuentas públicas municipales correspondientes a 2022 y 2023, el Ayuntamiento de Torreón acumuló observaciones por 531.1 millones de pesos.

Los informes señalan que durante 2022 quedaron pendientes de solventar 66 observaciones por aproximadamente 181.5 millones de pesos, mientras que en la revisión de 2023 se registraron 54 observaciones adicionales por alrededor de 349.6 millones.

Las observaciones comprenden distintos conceptos, entre ellos contrataciones, adquisiciones, pagos y obras cuya documentación fue considerada insuficiente por el órgano fiscalizador para acreditar plenamente el ejercicio del gasto.

La propia Auditoría Superior informó que ambos expedientes fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción mediante los oficios ASE-04280-2025 y ASE-04973-2025, con el propósito de que la autoridad ministerial determine si existen responsabilidades conforme a la ley.

Hasta ahora no existe una resolución judicial definitiva sobre esos expedientes.

La revisión federal a la Cuenta Pública 2024

A las observaciones estatales se sumó posteriormente la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación a recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2024.

En ese proceso fueron observados aproximadamente 378.4 millones de pesos, relacionados con programas y servicios financiados con recursos federales.

Entre los conceptos revisados figuraron servicios de limpieza, alumbrado público y obras municipales.

El Ayuntamiento informó en su momento que presentó documentación adicional y sostuvo que una parte importante de las observaciones había sido solventada dentro del procedimiento legal correspondiente.

El resultado definitivo de esa revisión permanece sujeto a la conclusión formal del proceso de fiscalización.

Especialistas en auditoría pública advierten que una observación no equivale, por sí misma, a la acreditación de un delito. Sin embargo, representa un señalamiento técnico que obliga a las autoridades a justificar documentalmente el uso de los recursos o, en su caso, iniciar procedimientos para determinar responsabilidades.

Contratos bajo cuestionamiento en SIMAS

Uno de los expedientes que ha recibido mayor atención pública involucra al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón.

El senador Luis Fernando Salazar denunció públicamente que una empresa denominada Grupo Integrador de Servicios de Edificación habría recibido contratos superiores a 66 millones de pesos relacionados con mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Según los señalamientos del legislador, la empresa presentaba características que, a su juicio, ameritaban una investigación adicional sobre su capacidad operativa y la ejecución de los trabajos contratados.

Entre los aspectos mencionados se encontraban el volumen de recursos recibidos, la estructura empresarial observada y la concentración de contratos con el organismo operador de agua.

SIMAS rechazó las acusaciones y sostuvo que las contrataciones fueron realizadas conforme a la legislación aplicable.

Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades sobre ese caso.

Adquisiciones y contrataciones observadas

Además de los expedientes relacionados con el sistema operador de agua, diversos contratos y adquisiciones fueron objeto de cuestionamientos públicos.

Entre ellos figura una compra de bolsas para basura por aproximadamente 5.7 millones de pesos, así como recursos cercanos a 3.5 millones destinados a uniformes para trabajadores del programa temporal denominado La Ola.

También han sido objeto de análisis contratos otorgados durante 2024 por aproximadamente 105.3 millones de pesos para actividades relacionadas con traslado de escombro, rehabilitación de plazas públicas, transporte de agua tratada y servicios vinculados con comunicación social.

Diversos actores políticos cuestionaron la necesidad de contratar empresas privadas para actividades que, señalaron, ya contaban con personal, maquinaria y presupuesto dentro de la propia administración municipal.

Las autoridades municipales defendieron en distintos momentos la legalidad de esos procedimientos.

El viaje oficial a Bruselas

Otro gasto que generó cuestionamientos fue un viaje oficial a Bruselas cuyo costo reportado ascendió a 626 mil 845 pesos entre transporte, hospedaje y viáticos.

Diversos sectores solicitaron información sobre los resultados concretos de esa misión oficial, incluyendo inversiones obtenidas, convenios firmados o beneficios económicos derivados del viaje.

Hasta ahora, la discusión pública sobre ese gasto ha girado principalmente en torno a la evaluación de su utilidad y la suficiencia de los resultados presentados por la administración.

Posible conflicto de interés

Durante la administración también fueron publicados reportajes periodísticos relacionados con el entonces tesorero municipal, Óscar Luján Fernández.

Las investigaciones planteaban posibles vínculos entre empresas proveedoras del Ayuntamiento y personas relacionadas con el funcionario.

El gobierno municipal rechazó los señalamientos y cuestionó la información difundida por los medios de comunicación.

Posteriormente, Luján dejó la Tesorería para asumir la titularidad de la Contraloría Municipal, decisión que generó nuevas críticas desde diversos sectores de la opinión pública debido al papel de esa dependencia como órgano interno de control.

Hasta la fecha no existe una resolución judicial firme que determine responsabilidades derivadas de esos señalamientos.

Las investigaciones continúan

Jurídicamente, el fallecimiento de un servidor público extingue la acción penal respecto de esa persona. Sin embargo, ello no implica la conclusión automática de investigaciones relacionadas con actos administrativos en los que hayan participado otros funcionarios o particulares.

En procedimientos de contratación pública intervienen distintas áreas administrativas, entre ellas unidades requirentes, comités de adquisiciones, direcciones responsables, tesorerías, órganos de control interno y proveedores.

Por esa razón, especialistas en derecho administrativo coinciden en que la eventual responsabilidad institucional debe analizarse considerando toda la cadena de decisiones y no únicamente la figura del titular del Ejecutivo municipal.

El reto para las autoridades

Los expedientes derivados de auditorías estatales, revisiones federales y denuncias públicas permanecen abiertos en distintas etapas procesales.

Corresponderá a las autoridades competentes determinar si las observaciones quedan plenamente solventadas, si existen responsabilidades administrativas o si procede el ejercicio de acciones penales contra quienes resulten responsables.

La muerte del exalcalde modifica inevitablemente el contexto político, pero no elimina la obligación constitucional de fiscalizar el uso del dinero público ni de ofrecer respuestas a la ciudadanía sobre el destino de los recursos observados.

En un Estado de derecho, los documentos, los contratos, las auditorías y las resoluciones judiciales constituyen el fundamento para esclarecer los hechos. El desafío para las instituciones será determinar, mediante investigaciones imparciales y conforme al debido proceso, si las observaciones detectadas corresponden a deficiencias administrativas, faltas administrativas graves o conductas constitutivas de delito.

Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta definitiva, los expedientes seguirán formando parte de la historia reciente de la administración pública de Torreón.

La muerte de un servidor público suele modificar el tono del debate. Las críticas disminuyen, los adversarios guardan silencio y la atención pública se desplaza del balance de una administración hacia el recuerdo personal de quien falleció. Sin embargo, en materia de fiscalización, el fallecimiento de un funcionario no extingue los procedimientos administrativos, las investigaciones sobre el uso de recursos públicos ni la obligación del Estado de esclarecer posibles irregularidades.

Ese es el escenario que enfrenta Torreón tras el fallecimiento del exalcalde Román Alberto Cepeda González. Mientras las expresiones de condolencia marcaron los días posteriores a su muerte, permanecen vigentes expedientes derivados de auditorías estatales y federales, denuncias públicas sobre contrataciones y cuestionamientos relacionados con el ejercicio del gasto municipal.

El respeto debido a una persona fallecida no modifica el contenido de los documentos oficiales existentes ni elimina la responsabilidad institucional de revisar el destino de los recursos públicos.