Crecen las denuncias contra el alcalde de Torreón por presunto desvío millonario de recursos públicos

Torreón, Coahuila. – Una denuncia de corrupción sacude al gobierno municipal de Torreón. El actual alcalde, Román Alberto Cepeda González (PRI), es acusado de haber desviado más de 66 millones de pesos a través de contratos fraudulentos con una empresa sin operaciones reales, según denuncias presentadas por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

El señalamiento se relaciona directamente con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), donde se habrían facturado obras inexistentes durante la actual administración municipal.

Contratos inflados a empresa sin actividad real

De acuerdo con la denuncia formalizada ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila y la Fiscalía General de la República (FGR), el municipio pagó 592 facturas entre agosto de 2024 y enero de 2025 a una empresa llamada Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S.A. de C.V.

El monto total asciende a 66.48 millones de pesos, aunque el contrato formal registrado solo cubre 16.5 millones, lo que revela un presunto sobrepago de más de 50 millones. La empresa, según documentación y visitas al lugar, no tiene maquinaria, oficinas operativas ni personal, y su domicilio fiscal —ubicado en el centro de Torreón— luce abandonado.

“Estamos ante una red de facturación falsa para desviar recursos de Simas. No hay obras, no hay evidencia, solo un papel firmado y una transferencia multimillonaria”, denunció el senador Salazar en conferencia.

Suburban de lujo, choferes como prestanombres

Una pieza clave del caso es la compra de una camioneta Suburban High Country 2023, cuyo valor supera los 2 millones de pesos. El vehículo está registrado a nombre de José Feliciano Hernández Hinojo, chofer del secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Collado.

La adquisición fue en efectivo y, según los denunciantes, es utilizada por funcionarios municipales de alto nivel. Este elemento refuerza la hipótesis de una red de prestanombres usada para ocultar los beneficios personales derivados del presunto desfalco.

Respuesta del alcalde: “Campaña con fines electorales”

Román Cepeda ha rechazado las acusaciones, asegurando que se trata de un ataque político con motivaciones electorales. En declaraciones recientes, el alcalde afirmó que los problemas de suministro de agua en la ciudad responden a fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no a una mala gestión o corrupción.

“Es mentira que haya desvíos. Aquí hay trabajo, resultados y una campaña negra que busca confundir a la gente”, dijo Cepeda. Además, calificó al senador Salazar como “chapulín” y “mentiroso profesional”.

Se suman más actores políticos

El caso ha escalado en el ámbito político. Además de Luis Fernando Salazar, los diputados de Morena Antonio Attolini Murra y Cintia Cuevas respaldaron públicamente la denuncia. Attolini ha anunciado que él mismo acudirá a la FGR y a la Secretaría de la Función Pública para entregar pruebas adicionales.

La denuncia también solicita la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para rastrear el flujo del dinero desde Simas hacia cuentas particulares o empresas relacionadas.

¿Qué hay en juego?

Más allá del ámbito legal, las denuncias golpean el corazón del discurso del gobierno municipal, que ha presumido eficiencia, obras y transparencia. La acusación llega además en un momento clave, con la administración de Cepeda en su último tramo y el PRI defendiendo una de sus plazas más importantes en Coahuila.

El supuesto fraude se relaciona directamente con el servicio de agua potable, uno de los temas más sensibles para los torreonenses, que desde hace años enfrentan cortes, baja presión y falta de mantenimiento en la red hidráulica.

De confirmarse los desvíos, el impacto no será solo político o administrativo, sino también social: millones de pesos que debieron garantizar el derecho al agua, desviados mientras decenas de colonias carecen del servicio.

La ciudadanía observa de cerca el desarrollo de las investigaciones. Por ahora, las pruebas, las facturas y los vehículos registrados ya están en manos de las autoridades. La pregunta que queda es: ¿se actuará con la misma rapidez y contundencia con la que se denunció?