(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional exigió
al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión detener la criminalización de
médicos y enfermeras ante crisis sanitaria que padece el país y, en su lugar,
asumir la responsabilidad que les compete para contener el desbordamiento de la
pandemia Covid-19 (la cual reporta más de 45 mil muertes) mediante la
reasignación de recursos como los 70 millones de pesos destinados a la
construcción de una escuela de Beisbol en Texcoco “para dar gusto al Presidente
Andrés Manuel López Obrador”.
Por lo anterior, el vocero de Mocri-CNPA-MN Chiapas, Eric Bautista Gómez,
demandó, además de la reasignación presupuestal, la liberación inmediata del
médico Gerardo Vicente Grajales Yuca asignado al Hospital de Especialidades del
ISSSTECH, encarcelado resultado de una acción dolosa por parte de Karen
Alejandra Ramírez Molina, hija del ex dirigente del partido local Mover a Chiapas
quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por
abuso de autoridad.
Esta denuncia la fundamentan sobre el supuesto de que el médico solicitó
medicamentos y equipo a los familiares del paciente con coronavirus ya que
argumentó no se contaba con lo requerido para el tratamiento de Arturo Ramírez
López, ex dirigente del partido Mover a Chiapas y ex diputado local, quien ingresó
al hospital tras complicarse la covid-19 que padecía y posteriormente falleció.
Tras la muerte del ex legislador, su hija, Karen Alejandra Ramírez Molina, afirmó
que el médico le solicitó insumos y equipo médico para atender a su papá, por lo
cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por
abuso de autoridad.
El médico fue detenido sábado pasado y fue recluido en los separos de la cárcel
conocida como El Canelo, en Tuxtla Gutiérrez.
La detención del médico Grajales Yuca es arbitraria y pone en evidencia una
política generalizada de criminalización a los sectores que denuncian la política
incorrecta que se está aplicando en la llamada 4T.
“Mientras los trabajadores del sector salud trabajan a marchas forzadas sin el
equipamiento y los medicamentos suficientes para la atención de la contingencia
provocada por el COVID 19, México sufre las consecuencias de una enfermedad a
la que no se puso la atención correcta”, señaló el vocero de Mocri-CNPA-MN
Chiapas.
Argumentó Eric Bautista Gómez, no es un problema de los médicos, las
enfermeras y el personal, es un problema del sistema de salud que si bien los
gobiernos anteriores dejaron desmantelado ahora es responsabilidad de la
administración federal invertir en la salud como un elemento primordial al servicio
del pueblo.
Por ello es condenable la actitud del Gobierno quien busca pretextos para
esconder una realidad que, a todas luces, es evidente.
Se insiste en desestimar la magnitud del problema considerando que con un mes
de suspensión de labores se tendría el control de la situación y con el supuesto de
que habían “otros datos” se declaró una “nueva normalidad” mientras el número
de contagios y muertos no se ha estabilizan ni bajan.
Es así como la población ha perdido la confianza en los servicios de salud (no así,
en los médicos) y un caso emblemático es de un campesino del municipio de
Ocosingo quien al no recibir información adecuada en su lengua materna, ni
medicamento para la fiebre y dolor, terminó por suicidarse, hecho que es
responsabilidad del sistema de salud.
Y es que no se quiere ver la crisis sanitaria como es la falta de oxígeno el cual lo
consiguen los familiares de los enfermos más graves para tener una mayor
esperanza de vida aunque el costo de la renta del tanque supere los 5 mil pesos.
La nueva normalidad es, enfatizó, que la población opta por la atención de
médicos particulares, paga honorarios, medicamentos y equipo si se requiere,
pero además se ponen en riesgo a médicos y familiares al estar en contacto
directo con el enfermo.
Otros casos más dolorosos se muestran cuando el enfermo de COVID.19 no tiene
los recursos y utiliza alguna pastilla y hierbas medicinales esperando la
recuperación o la muerte.
Por ello exigimos la inmediata e incondicional liberación del Doctor Gerardo
Vicente Grajales Yuca así como el equipamiento y dotación de medicamentos
para la atención de la emergencia provocada por el COVID 19.
Es momento, concluyó, de poner un alto a la criminalización de la lucha social y la
denuncia pública; se debe priorizar la salud por encima de los proyectos
estratégicos del neoliberalismo; y urge otorgar información adecuada en las
lenguas maternas para las comunidades indígenas sobre síntomas y atención del
COVID-19
