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  • Melodía Martínez

CNPA-MN Condena Detención de Médico en Chiapas y Exige Menos Beisbol y Más Hospitales COVID-19



(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional exigió

al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión detener la criminalización de

médicos y enfermeras ante crisis sanitaria que padece el país y, en su lugar,

asumir la responsabilidad que les compete para contener el desbordamiento de la

pandemia Covid-19 (la cual reporta más de 45 mil muertes) mediante la

reasignación de recursos como los 70 millones de pesos destinados a la

construcción de una escuela de Beisbol en Texcoco “para dar gusto al Presidente

Andrés Manuel López Obrador”.


Por lo anterior, el vocero de Mocri-CNPA-MN Chiapas, Eric Bautista Gómez,

demandó, además de la reasignación presupuestal, la liberación inmediata del

médico Gerardo Vicente Grajales Yuca asignado al Hospital de Especialidades del

ISSSTECH, encarcelado resultado de una acción dolosa por parte de Karen

Alejandra Ramírez Molina, hija del ex dirigente del partido local Mover a Chiapas

quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por

abuso de autoridad.


Esta denuncia la fundamentan sobre el supuesto de que el médico solicitó

medicamentos y equipo a los familiares del paciente con coronavirus ya que

argumentó no se contaba con lo requerido para el tratamiento de Arturo Ramírez

López, ex dirigente del partido Mover a Chiapas y ex diputado local, quien ingresó

al hospital tras complicarse la covid-19 que padecía y posteriormente falleció.

Tras la muerte del ex legislador, su hija, Karen Alejandra Ramírez Molina, afirmó

que el médico le solicitó insumos y equipo médico para atender a su papá, por lo

cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por

abuso de autoridad.


El médico fue detenido sábado pasado y fue recluido en los separos de la cárcel

conocida como El Canelo, en Tuxtla Gutiérrez.

La detención del médico Grajales Yuca es arbitraria y pone en evidencia una

política generalizada de criminalización a los sectores que denuncian la política

incorrecta que se está aplicando en la llamada 4T.


“Mientras los trabajadores del sector salud trabajan a marchas forzadas sin el

equipamiento y los medicamentos suficientes para la atención de la contingencia

provocada por el COVID 19, México sufre las consecuencias de una enfermedad a

la que no se puso la atención correcta”, señaló el vocero de Mocri-CNPA-MN

Chiapas.


Argumentó Eric Bautista Gómez, no es un problema de los médicos, las

enfermeras y el personal, es un problema del sistema de salud que si bien los

gobiernos anteriores dejaron desmantelado ahora es responsabilidad de la

administración federal invertir en la salud como un elemento primordial al servicio

del pueblo.


Por ello es condenable la actitud del Gobierno quien busca pretextos para

esconder una realidad que, a todas luces, es evidente.

Se insiste en desestimar la magnitud del problema considerando que con un mes

de suspensión de labores se tendría el control de la situación y con el supuesto de

que habían “otros datos” se declaró una “nueva normalidad” mientras el número

de contagios y muertos no se ha estabilizan ni bajan.


Es así como la población ha perdido la confianza en los servicios de salud (no así,

en los médicos) y un caso emblemático es de un campesino del municipio de

Ocosingo quien al no recibir información adecuada en su lengua materna, ni

medicamento para la fiebre y dolor, terminó por suicidarse, hecho que es

responsabilidad del sistema de salud.


Y es que no se quiere ver la crisis sanitaria como es la falta de oxígeno el cual lo

consiguen los familiares de los enfermos más graves para tener una mayor

esperanza de vida aunque el costo de la renta del tanque supere los 5 mil pesos.

La nueva normalidad es, enfatizó, que la población opta por la atención de

médicos particulares, paga honorarios, medicamentos y equipo si se requiere,

pero además se ponen en riesgo a médicos y familiares al estar en contacto

directo con el enfermo.


Otros casos más dolorosos se muestran cuando el enfermo de COVID.19 no tiene

los recursos y utiliza alguna pastilla y hierbas medicinales esperando la

recuperación o la muerte.

Por ello exigimos la inmediata e incondicional liberación del Doctor Gerardo

Vicente Grajales Yuca así como el equipamiento y dotación de medicamentos

para la atención de la emergencia provocada por el COVID 19.


Es momento, concluyó, de poner un alto a la criminalización de la lucha social y la

denuncia pública; se debe priorizar la salud por encima de los proyectos

estratégicos del neoliberalismo; y urge otorgar información adecuada en las

lenguas maternas para las comunidades indígenas sobre síntomas y atención del

COVID-19



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